La Policía Comunitaria, un experimento que madura

GUERRERO (12/DIC/2011).- Éste es un juicio por narcotráfico. Pero no se trata de un juicio común. Aquí no hay abogados con saco ni pantalón de vestir. No hay jueces que presuman grados académicos o que miren con desprecio un pesado expediente. Los cinco acusados tampoco cumplen con el estereotipo del narcotraficante. Son flacos, casi desnutridos. Todos tienen el cabello corto. No presumen sombrero ni cadenas de oro. Cuatro van descalzos. Los cinco están esposados. Miran al suelo. Frente a ellos se colocaron los 33 paquetes de mariguana que transportaban. También, frente a ellos, hay una multitud mirándolos fijamente.

Es un sábado. 5 de noviembre de 2011. La cancha de basquetbol sin muros y techo de láminas es la sede de este juicio-asamblea regional que reúne a gente de 70 comunidades de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, en Santa Cruz del Rincón, para decidir qué pasará con los cinco detenidos.

Por usos y costumbres

Hace más de tres lustros, en este mismo pueblo, habitantes de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero se reunieron por primera vez en una asamblea. En ese entonces no era el narcotráfico lo que les preocupaba. Sus pesadillas las ocasionaban los hombres que ponían retenes para asaltar y violar a las mujeres. Para enfrentar a quienes les robaban la calma decidieron tener sus propias policías.

El 15 de octubre de 1995 nació la Policía Comunitaria. Su parto se preparó con dos asambleas regionales previas. Su acta de nacimiento es una hoja que incluye los nombres de los 23 pueblos fundadores de este experimento que era visto por muchos con escepticismo.

Hoy ya no es un experimento. Más de 700 policías comunitarios —que no reciben sueldo— cuidan una región (73 comunidades de 12 municipios) en donde viven cerca de 300 mil personas.

Vicente Aguilar Díaz, de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, fue uno de los primeros en ser policía comunitario. “Al gobierno ya no le teníamos confianza, porque mandaba al Ejército, ponía su destacamento dos, tres días, se levantaban y se iban. Y nosotros volvíamos a quedar igual”.

Para tener a los policías comunitarios, los pueblos recurrieron a los usos y costumbres. En estas tierras de indígenas mixtecos y tlapanecos todos los hombres que son comuneros tienen obligaciones con su pueblo.

Cada pueblo elige a 12 hombres para que durante un año o tres —eso depende de cada comunidad— dediquen parte de su tiempo a ser policías.

33 paquetes de mariguana

En la cancha de basquetbol la multitud escucha cómo fue la detención de los cinco acusados de narcotráfico. El 13 de octubre del 2011, los policías comunitarios encontraron a cuatro hombres que viajaban en una camioneta y se miraban sospechosos. Al revisar el vehículo hallaron 33 paquetes de mariguana. Un día después detuvieron a uno más que les preguntó: “¿quién es el comandante a cargo? ¿Dónde tienen los detenidos?”. Él vive en el Estado de México, según su credencial de elector.

Cuatro de los cinco acusados son indígenas mixtecos. Nacieron en Cochoapa El Grande y Metlatonoc, los dos municipios que sobresalen por tener los niveles de pobreza y marginación más altos de México y por ser expulsores de migrantes. Uno de ellos confiesa a los reporteros que “los patrones” que los contrataron les iban a pagar 800 pesos por llevar la carga a Tlapa.

Durante los primeros años, los campesinos enfundados como policías de sus pueblos detenían a quienes cometían un delito y los llevaban al Ministerio Público. Ahí miraban como liberaban al detenido por falta de pruebas o porque había dinero de por medio. Hartos de comprobar que la ley sólo existía para quienes podían pagarla, crearon su propio sistema de justicia en 1998. En él no existen ministerios públicos, fianzas, abogados ni jueces. Quienes juzgan son las autoridades comunitarias. Tampoco existen conceptos como “purgar una condena”, aquí se habla de “reeducación”.

Quien comete un delito es “reeducado”: por las noches duerme en una celda y por el día trabaja para la comunidad, fabricando tabiques de adobe o haciendo zanjas para el drenaje. Y los domingos, por la tarde, escucha los consejos de los más ancianos de la comunidad.

El tiempo de la “reeducación” depende de la gravedad del delito. Hay dos tipos de delitos: sencillos y graves. Cirino da un ejemplo de un delito sencillo: “Si alguien se gastó el dinero en una borrachera, llega a la casa y no quiere comer tortilla, exige mole, pollo. Se pela con la mujer. Ese es un delito sencillo”.

Las amenazas, las lesiones, el asalto, el secuestro, el asesinato, la violación y sembrar, consumir, vender y transportar droga son “delitos graves” y son tratados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), organización cuyos integrantes son designados por la comunidad.

Defensa familiar

En el sistema de justicia comunitario, los detenidos pueden ser defendidos por sus familiares. Por eso, en la asamblea regional se da la palabra a dos mujeres. Una es la madre de dos acusados. La otra llegó para defender a su esposo y a su hijo.

“Ellos estaban cargando leña y les pidieron que les ayudaran a subir unos paquetes a una camioneta. No sabían qué traían”. La mujer habla en mixteco y aunque la mayoría entiende, un hombre traduce al español.

“Quiero llegar a un acuerdo con ustedes. Si mis hijos cometieron esos errores, ustedes me pueden ayudar”, dice en español la otra mujer.

Después de escuchar a las madres, se pregunta a la multitud si alguien quiere hablar. Más de 10 levantan la mano, uno de ellos es el sacerdote Mario Campos.

“Esta es una forma de hacer justicia. Es una justicia pública. Si cayeron en un delito somos corresponsables. ¿Qué oportunidad les ha ofrecido la sociedad? Yo los veo y no veo que sean gente pudiente”.

Entre los que escuchan está Ramón Almonte Borja, Secretario de Seguridad Pública de Guerrero. Él pide que se entregue a los detenidos a las autoridades federales o estatales. Les recuerda que la policía comunitaria no tiene armamento para combatir a narcotraficantes, que no es lo mismo detener a un asaltante que a un miembro de la delincuencia organizada. Pero aclara: “Respetaré la decisión que tome la asamblea.

“En la región donde funciona la Policía Comunitaria están los índices delictivos más bajos del estado”, dice después.

Indígenas armados

Cuando nació la Policía Comunitaria, y durante buena parte de su historia, muchos levantaron la ceja con preocupación. No veían con buenos ojos que los indígenas se armaran y buscaran la justicia a su manera.

“Se nos ha acusado de todo”, relata Pablo Guzmán, miembro de la CRAC, “se nos ha dicho que somos narcos, guerrilleros. Nosotros hemos demostrado que nuestro proyecto es justo. Las comunidades lo único que quieren es seguridad, trabajo, paz. Eso es lo que quieren, no hay un ánimo de sublevarse.”

La Policía Comunitaria vivió una de sus épocas más difíciles de 1999 a 2003. En esos años llegaron a tener hasta 40 órdenes de aprehensión en contra de policías, comandantes y miembros de la CRAC. Fueron acusados de “privación ilegal de la libertad” y “abuso de poder”. Las denuncias las presentaron los mismos detenidos o sus familiares.

También han muerto varios policías comunitarios. Nadie tiene la cifra exacta, pero Vicente Aguilar dice que tan sólo en Cuanacaxtitlán han matado a cinco o seis. En Yoloxóchitl a otros dos. Las muertes se dan, sobre todo, cuando terminan su encargo como policías.

Todavía hay tres causas penales en contra de miembros de la Policía Comunitaria, cuenta Valentín Hernández, asesor legal de la CRAC. Él hace su balance: este sistema de justicia comunitario poco a poco se ha ganado el reconocimiento de la sociedad y del gobierno estatal. Y es cierto.

En abril del 2011, la Policía Comunitaria logró el aval del Gobierno estatal al ser incluida en la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

En toda la historia de la Policía Comunitaria nunca se había dado un juicio-asamblea regional por transportar un cargamento tan grande de mariguana. Los treinta y tres paquetes —cada uno del tamaño de una maleta de viaje—, pesan juntos poco más de media tonelada, calculan los propios coordinadores de la CRAC. Y eso tiene alarmados a los habitantes de estas tierras donde se siembra maíz, café y cacao.

Bruno Plácido, fundador de la policía comunitaria, dice que “los detenidos no son narcotraficantes. Son burreros. Los que ganan con esto son otros. Nuestras comunidades sólo pierden. Para que podamos acabar con esto, tenemos que empezar de abajo para arriba. Este es un asunto que podemos detener como pueblo”.

“Nosotros no queremos hacerle la guerra al narco, pero no vamos a justificar y ser cómplices de acciones que afecten la seguridad de nuestras comunidades”, remata Pablo Guzmán, de la CRAC.

Cuatro hombres de la comunidad de Cuanacaxtitlán escuchan muy serios. Ellos están orgullosos de su policía comunitaria. Dicen que gracias a ella se paró a la delincuencia. Pero ahora, “empezamos con otros problemas. Antes eran robos en el camino. Ahora, son extorsiones y secuestros. Un grupo llegó un día a pedir ‘cooperación’ a los maestros y amenazaron con regresar”.

Desde que comenzó el operativo Guerrero Seguro en ciudades como Acapulco, Tlapa y Chilpancingo, comenzaron las extorsiones en la Costa Chica y la Montaña.

La región de la montaña ha sido siempre zona de paso de drogas, “pero no entraba gente a extorsionar o poner cuotas”, dice Valentín.

Para hacerle frente a las nuevas formas de la delincuencia, las comunidades aumentaron al doble el número de policías comunitarios. Los habitantes de Cuanacaxtitlán y Capulín Chocolate decidieron atrincherarse, cerrar la entrada de los pueblos a partir de las nueve de la noche. Sólo entran los que ahí viven.

Cirino —mixteco de 54 años— afirma que “aquí, en Buenavista, se detuvieron a nueve muchachos, chamacos consumidores de droga. Ellos ya están en reeducación y se está investigando. Queremos saber quién produce, quién consume, quien vende”. Los “chamacos” que ahora están en reeducación tienen entre 14 y 18 años.

Los miembros de la CRAC son autocríticos. “No somos perfectos. Somos humanos y como todos cometemos errores, pero tratamos de aprender de ellos”, dice Pablo Guzmán.

Valentín acepta que entre sus debilidades está las falta de recursos y el que, en muchos casos, no hay la rapidez que se quisiera porque las decisiones se tienen que tomar en comunidad, “y eso lleva su tiempo”.

Trabajo comunitario

Los cinco hombres juzgados escuchan la decisión de la asamblea: se quemará la mariguana  y los detenidos no se entregarán al ejército ni a la policía estatal, tampoco a la Procuraduría General de la República. Serán reeducados en territorio comunitario. Durante 15 días trabajarán en un pueblo, después serán llevados a otro, donde también laborarán durante dos semanas. Y así recorrerán varias comunidades de la región hasta cumplir su castigo. Será entonces cuando se les liberará en una asamblea en su comunidad y se informará que ya pagaron por su error.

FRASE

''En la región donde funciona la Policía Comunitaria están los índices delictivos más bajos del Estado ''

Ramón Almonte Borja, secretario de Seguridad Pública de Guerrero