La PGR, dispuesta a acatar decisión en caso Acteal

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) defendió ayer la solidez de las pruebas aportadas en la investigación sobre la matanza de 45 indígenas tzotziles en Acteal, Chiapas, pero manifestó su decisión de respetar la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso.

Ayer trascendió que la Corte, tras analizar los expedientes del caso, determinó que la PGR fabricó pruebas y testigos e incurrió en una serie de irregularidades al integrar la averiguación previa, y concluyó que al menos 40 indígenas —también tzotziles— acusados por la masacre son inocentes y deben ser liberados.

“En su momento, la Procuraduría General
 de la República consideró sólidas y suficientes las pruebas aportadas. Tan es así que los jueces dictaron una sentencia”, manifestó la PGR por medio de su vocero Ricardo Nájera Herrera, en respuesta a las conclusiones del máximo tribunal.

Los indígenas acusados por la PGR cumplen sentencias de entre 20 y 40 años de prisión.

Su caso llegó a la Corte luego de que la Clínica de Litigio de interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y una organización ciudadana asumieron su defensa, y promovieron un amparo contra las graves violaciones al derecho de debido proceso registradas en el juicio.

El proyecto de sentencia, que ordena la libertad inmediata de los sentenciados, se votará el próximo miércoles 12 de agosto, y ha trascendido que cuenta con el respaldo mayoritario de los ministros que integran la Primera Sala.

En los tres primeros meses posteriores a la matanza, la PGR inició 13 averiguaciones previas y detuvo a 87 indígenas y 15 funcionarios de segundo y tercer nivel, que recibieron sentencias menores a los ocho años de prisión, salvo el ex alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias, quien sigue preso.

La dependencia sustentó la hipótesis de que el motivo de la masacre fue un conflicto por la posesión de un banco de arena, junto con el asesinato del hijo del líder de un grupo antagónico al de Las Abejas, del que formaban parte los indígenas asesinados.

En el curso de la investigación, la PGR presentó declaraciones escritas en español de testigos que ni siquiera escribían en su propia lengua, y desestimó las confesiones de cinco de los detenidos, quienes admitieron haber cometido la matanza y exculparon a los demás procesados.

La defensa de los sentenciados argumentó también en el amparo que durante la investigación desapareció evidencia relevante para el caso, que se alteró la escena del crimen, que el Ministerio Público sustrajo de manera ilícita a inculpados del reclusorio y fabricó testimonios, entre otras irregularidades.

Por todas las irregularidades detectadas, la Corte pretende también establecer criterios a los jueces para combatir en el futuro irregularidades relacionadas con una integración deficiente o amañada de las averiguaciones previas, la admisión de pruebas obtenidas de manera ilegal, el respeto al debido proceso, al derecho a una adecuada defensa y a una justicia pronta y expedita.

Los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Miguel Agustín Pro Juárez alertaron que en la revisión que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del caso Acteal, los culpables de la matanza de 45 indígenas podrían obtener su libertad.
En entrevista por separado, Diego Cadenas, del Frayba, y Luis Arriaga, del Pro Juárez, indicaron que la Corte se pronunciará por determinar si hubo o no irregularidades en el proceso y no si son inocentes o culpables los implicados.

Testigos falsos
Sabían de irregularidades, acusa libro

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos desde 2002, la Procuraduría General de la República (PGR) tenía documentado que más de 80 personas acusadas de la matanza, eran inocentes, las cuales fueron consignadas con armas sembradas, testigos falsos y declaraciones alteradas por tortura.

En el libro Acteal: la otra injusticia, Análisis crítico del caso y del debido proceso en la justicia en México de Hugo Éric Flores Cervantes, entonces académico del CIDE, se reproducen copias de cinco personas confesas de nueve probables responsables de los crímenes perpetrados el 22 de diciembre de 1997.

En la obra, se retoma la confesión de Roberto Méndez Gutiérrez encargado de integrar un grupo de personas que vengaría la muerte de Agustín Vázquez, integrante de su comunidad Los Chorros, y “para no quedarse con los brazos cruzados, pagarían 15 mil pesos, que quedó en siete mil 500 pesos”.

Al hacer un recuento de las irregularidades del caso, Flores Cervantes comentó que se usaron testigos falsos, que nunca fueron aleccionados, por lo que cayeron en un sinnúmero de contradicciones, la escena del crimen fue “removida”, ya que se “apilaron los cuerpos para hacerlo más trágico, además de que los acusados no hablaban español y no tuvieron el apoyo de un traductor”.

“Hay que hacer énfasis en que la mayoría de los acusados fueron encerrados sin órdenes de aprehensión; arraigados sin orden para hacerlo, además de que un punto clave en la investigación es que fueron señalados con armas sembradas.

“Esto es fundamental porque posteriormente, Roberto Méndez, uno de los responsables, fue el que llevó a las autoridades al lugar donde habían ocultado el armamento utilizado, porque cabe recordar que cuando los presentan, se usó cualquier lote de armas”, aseveró.
Otra más, es que de manera permanente había cambio de jueces, por lo que comentó que será plausible la decisión de ordenar la liberación de inocentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es el tiempo de fincar responsabilidades al poder judicial, “porque esto no se puede quedar en un usted disculpe”.

Junio de 2009.- Miembros de la asociación civil conocida como Las Abejas, encabezada por el obispo emérito Samuel Ruiz, se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir que no se les otorgue amparo a 12 de los presos acusados por el caso Acteal.

27 de diciembre de 1997.- Mientras que distintos grupos políticos del país calificaban como absurdo el informe que sobre la matanza de Acteal presentó el entonces procurador Jorge Madrazo Cuéllar, decenas de tzotziles se desplazaban desde el municipio de Chenalhó hacia otros por temor a que la violencia los alcanzara.

24 de diciembre de 1997.- Al igual que los primeros días de 1994, la zona de los Altos y la Selva Lacandona permanecían bajo estricta vigilancia militar, como parte de un operativo para repeler un eventual ataque del EZLN, como represalia por la masacre de 45 personas en la comunidad de Acteal.

Juzgan lamentable actuación

Chiapas
El secretario de Gobierno, Noé Castañón León, reconoció que el eventual amparo de la SCJN a 40 de 86 presos vinculados con el asesinato de 45 indígenas en Acteal, en 1997, tendría trascendencia en la Entidad, y descartó inestabilidad social por este hecho. 
Al referirse a este asunto del que deslindó al Gobierno que representa por ser de índole federal, dijo que a 12 años de lo ocurrido, los familiares de las víctimas mantienen su demanda de justicia. 
Descartó riesgos para la estabilidad social en la zona por la exigencia de justicia de los familiares de las víctimas, y sostuvo que ninguno de los procesos judiciales puede alterar el orden. 
Ello, indicó el funcionario estatal, porque ‘vivimos sujetos a las leyes, a las normas, al Estado de Derecho en el que se encuentran la actividad y la decisión de la máxima autoridad jurisdiccional’.

Diputados
Las bancadas del PAN, PRD y PRI en la Cámara de Diputados condenaron la fabricación de pruebas en el proceso de la matanza de Acteal, y llamaron a que la Corte asegure resarcir el daño del que fueron víctimas, al menos 40 sentenciados.
Alfredo Ríos Camarena (PRI) dijo que además de que se otorgue la libertad a quienes fueron inculpados y han estado presos once años, la Corte debe resarcir el daño sufrido.
El perredista Alfonso Suárez del Real advirtió que los indígenas que fueron sentenciados con pruebas falsas “son víctimas del manejo faccioso de la justicia”.
A su vez, el panista Castaño señaló que su bancada estará pendiente de la resolución de los ministros de la Corte, y en ese sentido de que a quienes no se les encuentre responsabilidad por la matanza de Acteal,se les libere.

Carlos Navarrete
El coordinador del PRD en el Senado dijo que la PGR ha acusado falsamente por años a inocentes y ahora se enfrenta a una “vergüenza” por el caso Acteal.
“Es una herida abierta que sigue sangrando”, sentenció.
Lo anterior, en relación a que luego de revisar los expedientes de 57 de los acusados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que la PGR fabricó pruebas, testigos y cometió un cúmulo de irregularidades en el caso.
Navarrete fue interrogado al respecto, y opinó que se trata de un anuncio “desalentador” que demuestra una actuación “muy lamentable” de esa dependencia.
El legislador por Guanajuato sostuvo que la opinión de la Corte demuestra cómo la PGR en los últimos años se ha convertido en una institución que actúa con deficiencias notables, en perjuicio de los mexicanos.