Jueces impulsarán la independencia del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (11/NOV/2012).- Los juzgadores del país se comprometieron a impulsar la independencia del Poder Judicial en todos sus ámbitos, mediante las reformas constitucionales necesarias que den paso a su autonomía y garanticen el fortalecimiento de la formación profesional.

Lo anterior, al concluir los trabajos de la Séptima Asamblea General de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), donde el tema principal fue "la Judicatura en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que los jueces del fuero común y federal aprobaron el diseño de un curso de formación para impartidores de justicia en materia de protección de derechos humanos, control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad.

En dichos cursos, explicó la SCJN en un comunicado, se utilizarán los contenidos, metodologías y materiales que se han empleado en la formación de los impartidores de justicia pertenecientes al Poder Judicial de la Federación (PJF).

En la mesa de Equidad de Género, las impartidoras e impartidores de justicia reiteraron el compromiso por impartir una justicia libre de discriminación por razón de sexo o género para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y propiciar ambientes laborales libres de violencia.

En tanto, en la Mesa de Ética y Disciplina Judicial se reafirmó el compromiso ético por los derechos humanos, así como la Ética Judicial y los Derechos Humanos y generar documentos accesibles como la Carta de Derechos del Justiciable.

También acordaron promover el respeto a la legalidad como exigencia ética de convivencia y fomentar que los Tribunales Superiores de Justicia puedan adoptar un solo Código de Ética, como es el caso del Código Nacional Mexicano de Ética Judicial.

En el apartado sobre Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, destacaron que todos los juzgados y tribunales del país tienen la obligación de practicar un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad.

Esta obligación, indicó la SCJN, deriva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de México y los criterios por la Suprema Corte, al discutir el Caso Radilla.