Si bien los dirigentes expresan su disposición a buscar acuerdos para someter a sus aspirantes a pruebas de confianza, para evitar que se infiltren personas vinculadas con el crimen organizado, como ha ocurrido en Iguala y otros municipios, el próximo año participarían alrededor de 10 mil candidatos en la renovación de la Cámara de Diputados y 33 mil 416 fórmulas en los comicios estatales que se realizarán en 17 entidades.Una investigación de El Financiero con informes de la consultora Integralia estableció que el número de candidatos depende de los cargos en juego pero también del número de partidos que participarán. Si bien intervendrán 10 partidos con registro nacional, a nivel estatal entidades como Guanajuato cuentan con 7 partidos locales, mientras que Nuevo León y Chiapas tienen registrados 12 partidos cada una. En el país se disputarán 2 mil 170 cargos de elección, entre diputaciones federales, 9 gubernaturas, diputaciones locales y presidencias municipales, delegaciones (en el DF) y juntas municipales en Campeche.La mesaEn la mesa de las propuestas, el PAN, en voz de Ricardo Anaya, consideró que la PGR podría investigar las candidaturas, sin que ello signifique que el partido eluda su responsabilidad. Por lo que toca al PRD, dijo que los aspirantes a un cargo de elección popular solicitarían una “certificación” de la seguridad federal para participar en los procesos internos de sus partidos y, en su caso, en los procesos electorales. Este “salvoconducto” correría a cargo de la PGR, de la Defensa Nacional y de la Marina, así como del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a fin de determinar si hay vínculos de precandidatos o candidatos con el hampa o actividades ilícitas. Los priístas César Camacho e Ivonne Ortega respaldaron medidas preventivas para proteger las candidaturas y garantizar la tranquilidad.
