Fracasa Gobierno ante crímenes contra periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), lamentó el fracaso del Gobierno mexicano para investigar los crímenes contra periodistas, porque esta situación “ha creado una cultura de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia”.

El informe especial de esta organización civil estadounidense titulado “Tres asesinatos sin justicia” establece que México es aún uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, ya que desde 2000, 21 periodistas han sido asesinados y en siete de esos casos el homicidio tuvo relación directa con su labor informativa.

Además, desde 2005, otros siete periodistas desaparecieron “y la violencia sigue sin control”, “el miedo está presente en las redacciones y el resultado es la censura generalizada”.

Esta organización documentó los asesinatos de los periodistas Francisco Ortiz Franco, de Tijuana; Bradley Will, en Oaxaca y Amado Ramírez, en Acapulco, los cuales, señaló, siguen impunes por un trabajo policiaco pobre, miedo y presiones políticas.

El comité, creado hace 26 años para defender los derechos de los periodistas y el ejercicio pleno de la libertad de prensa en el mundo, sostendrá este lunes una reunión con el Presidente Felipe Calderón, la canciller Patricia Espinosa y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a quienes expresarán la necesidad de que se federalicen los crímenes contra periodistas para que se asuma a nivel nacional la responsabilidad de su investigación.

“No existe razón por la cual México deba permanecer entre los países con más periodistas asesinados del mundo. El Gobierno federal debe asumir la responsabilidad de enfrentar el problema demostrando que existe voluntad política y recursos financieros para asegurar que los asesinatos de periodistas sean enjuiciados”, estableció el comité en su reporte especial.

En entrevista, el coordinador del Programa para las Américas de esta organización, dijo que el sólo hecho de federalizar la investigación sobre las agresiones a periodistas no es la solución, pero es el primer paso para revertir el fracaso mostrado hasta ahora por las autoridades para aclarar los casos y detener la ola de violencia que ahora es generalizada en el país.

HAY POCAS GARANTÍAS PARA PROFESIONISTAS EN MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los periodistas en México ejercen su labor en un estado de indefensión jurídica y los crímenes y agresiones cometidas en su contra quedan impunes por la corrupción, la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades para resolverlos, manifestaron el director ejecutivo del Comité de Protección de los Periodistas, Joel Simón y los comunicadores Lydia Cacho, Carmen Aristegui, Daniel Rojas y Alfredo Corchado.

En el foro “Cubrimiento del crimen organizado en México”, destacaron que la federalización de los crímenes contra periodistas no será una solución mientras no se acabe al mismo tiempo con la corrupción y las redes de protección existentes entre algunos servidores públicos y la delincuencia organizada.

En este evento organizado por dicho comité, el diputado federal Gerardo Priego (PAN), presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas, dijo que pese a la gravedad del problema que limita la libertad de expresión en México, hay desinterés de funcionarios, legisladores, alcaldes, gobernadores y de la sociedad en general para no sólo ponerle atención sino protestar como en otros países, donde se sale a las calles a exigir el respeto al derecho de la sociedad a estar informada.

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, Daniel Rosas, reportero de “El Mañana” de Nuevo Laredo, admitió que este medio de comunicación ha recurrido a la autocensura, luego del asesinato de su director y los atentados ocurridos desde 2004 contra sus trabajadores sin que las autoridades de la Entidad lleguen al fondo de las investigaciones.

La periodista Lydia Cacho manifestó que a partir de sus investigaciones sobre pederastia --dadas a conocer en su libro “Los demonios del Edén”-- puso al descubierto una red de corrupción institucional que hasta ahora ha influido para que la detención arbitraria, la tortura y las amenazas que ha sufrido no hayan sido investigadas a fondo, por lo que tendrá que recurrir a instancias internacionales.