Encuentran a custodia muerta en Cereso de Durango

CIUDAD DE MÉXICO (27/JUL/2010).- Poco después de las 14:00 horas fue encontrada sin vida en el Cereso Número Dos, Ofelia Verónica Lares Rodríguez, de 45 años de edad, quien se desempeñaba como custodia del penal.

Personal de la Agencia del Ministerio Público y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dieron a conocer que la occisa presenta varias heridas causadas por arma blanca en distintas partes del cuerpo. Hasta el momento no se ha determinado el móvil del homicidio.

El hallazgo se realizó a la entrada de la caseta del área conyugal. Se desconoce cómo sucedieron los hechos, ya que al momento del crimen estaba sola el área.

Las autoridades al tener conocimiento de lo anterior, de inmediato iniciaron las investigaciones para tratar de esclarecer el deceso.

Manifestación

Desde ayer por la mañana, familiares de los reos del Cereso Número Dos se concentraron afuera del penal para exigirle al director interino, Noel Díaz Rodríguez, permita el acceso al penal, ya que desde el pasado jueves no ven a sus reos.

Mientras realizaban su exigencia, el reclusorio estaba rodeado de policías estatales y federales.

Los manifestantes con pancartas pidieron la reinstalación de la directora Margarita Rojas Rodríguez, a quien se le decretó un arraigo de 20 días por presuntamente permitir la salida de reos para cometer homicidios como los registrados en la quinta Italia Inn de Torreón.

Senadores urgen revisión exhaustiva en penales

Los coordinadores parlamentarios en el Senado del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, urgieron al Gobierno federal y a los mandatarios locales a realizar una “revisión exhaustiva” sobre la situación de los penales en México, pues la corrupción en Gómez Palacio, Durango, podría ser —consideraron— la punta del iceberg del contubernio de autoridades con el crimen organizado.

Manlio Fabio Beltrones no descartó que en otros centros de readaptación exista el mismo nivel de corrupción.

Carlos Navarrete Ruiz llamó a los gobernadores a no eludir más su responsabilidad con el argumento de que la seguridad es un asunto del Gobierno federal.