Miércoles, 12 de Febrero 2025
México | Cárteles reclutan a empleados de estos giros

El narco infiltra a la seguridad privada

Narcotraficantes tienen empresas que se encargan de vigilar juzgados e incluso, las instalaciones de la propia PGR

Por: SUN

CIUDAD DE MÉXICO (30/MAY/2010).- Los cárteles del narcotráfico han creado y utilizado empresas de seguridad privada para reclutar y entrenar sicarios, trasladar armas y hombres, lavar dinero y hasta para dar vigilancia a instituciones como la propia Procuraduría General de la República ( PGR) y juzgados.

En casos documentados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada ( SIEDO), ex policías y ex militares aparecen como los dueños o representantes de este tipo de empresas.

Los ex militares presuntamente vinculados al narcotráfico, Arturo González Rodríguez y Mateo Juárez Espinoza, así como Raúl Villa, “El R”, quien era jefe de sicarios de Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, y Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, poseían empresas de seguridad privada.

En realidad, según las investigaciones de la SIEDO, éstas les servían de “pantalla” para realizar sus actividades ilícitas, de acuerdo con los expedientes PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 y PGR/SIEDO/UEIDCS/302/2008.

También hay otros casos en los que la SIEDO detectó la constitución de empresas de seguridad privada que son usadas para fines ilegales, como las montadas por ex empleados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y un israelí que se dedicaba a realizar labores de espionaje contra políticos, empresarios y diversos personajes.

 Entre quienes figuran como víctimas de este tipo de actividades se encuentran Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Elba Esther Gordillo, Marcelo Ebrard, Fidel Herrera Beltrán y otros más, según el expediente del caso 97/UEIDCSPCAJ/2008.

Respecto a los ex militares, Arturo González Rodríguez y Mateo Juárez Espinoza, el principal testigo en la llamada “Operación Limpieza” y que aparece con el nombre clave de “Jennifer”, dijo que el mayor González Rodríguez y el capitán Juárez Espinoza eran copropietarios de una empresa de seguridad privada que en realidad proporciona principalmente capacitación a los grupos de escoltas de diversos narcos, incluso rentando un rancho donde efectúan este tipo de adiestramiento.

De acuerdo con esa versión, ambos ex militares realizaban a jefes del tráfico de droga la venta de armamento que es asegurado por personal militar, pero que no es presentado ante las autoridades ministeriales, así como la comercialización de armas provenientes de la fábrica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según el testigo, él le compró al capitán Juárez Espinoza una metralleta MP5.

“Jennifer”, quien tenía el encargo del cártel de los hermanos Beltrán Leyva de entregar 100 mil dólares mensuales al mayor González Rodríguez, indicó que ambos ex militares operaban para que esa organización criminal pudiera reclutar personal militar retirado que se daba de alta en la empresa de seguridad privada.

En el caso de Raúl Villa Ortega, “El R”, hay declaraciones de éste mismo, quien dice que la propia PGR contrató los servicios de su empresa de seguridad privada “RAV Corporación de Alta Seguridad Nacional SA de CV”.

A través de la citada empresa de seguridad privada, el también ex policía del Estado de México y señalado como quien ejecutó directamente a 24 hombres en un paraje de la Marquesa, hizo tal revelación a los federales que lo detuvieron en octubre pasado, junto con el ex comandante de la policía de Huixquilucan, Antonio Ramírez, según informes contenidos en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/302/2008 al que se tuvo acceso.

Villa Ortega era uno de los operadores en el Estado de México de los jefes del narco, Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, y Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”. En las declaraciones del acusado, éste aseguraba que “yo no tengo problemas con la Policía o la PGR, ya que incluso mi empresa les da seguridad en juzgados y hangares en Monterrey y Jalisco”.

Buscan reglamentar a policías privados en el Distrito Federal

Al final de 2010 habrá en el Distrito Federal 800 empresas de seguridad privada, cifra que se habrá duplicado con respecto a las 430 que existían hace año y medio, así lo reconoció José Ángel Martínez Navarro, director General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación de la Policía capitalina, quien mencionó que la tendencia será reglamentarlas y no desaparecerlas.

Informó que en 2009 se clausuraron 81 y en lo que va de 2010 fueron 16, pero estas empresas tienen la posibilidad de regularizar su funcionamiento bajo los 12 requisitos con los que deben cumplir ante las autoridades, entre los que destaca su manual de operaciones que garantice la capacitación del personal.
Advirtió que quién contrata un servicio de una empresa de seguridad privada que no está registrada es corresponsable de las sanciones que se acrediten a esa empresa que opera ilegalmente, aunque Martínez Navarro manifestó que son pocas aquellas que son ilegales.

Las empresas que no están registradas se detectan a través de encuestas y revisiones de aquellos lugares donde se anuncian como son la Sección Amarilla y el Aviso Oportuno, así como en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Consideró que no es que se esté incrementando el número de empresas sino lo que aumentó es el registro y el control sobre ellas. “El aumento tiene que ver además con el crecimiento poblacional y comercial de la Ciudad de México y en menor medida por el temor que la población tiene y su obsesión por protegerse aunque algunos lo hacen por comodidad”.

Reconoció que detrás de algunas de estas empresas de seguridad privada hay ex policías o ex militares, pero afirmó que no pasa de 15%. También agregó que en este sentido, es mejor tener la experiencia en la operatividad aunque lo que les falla son las cuestiones administrativas.

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