El TEPJF y el INE trabajan para resolver controversias 

CIUDAD DE MÉXICO (13/FEB/2015).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó su intención de resolver, de manera pronta y expedita, todas las controversias que surjan en la organización y desarrollo del proceso electoral federal del 7 de junio.

El magistrado de la Sala Superior Manuel González Oropeza, aseguró que para fortalecer la impartición de justicia y resolver, de inmediato, las denuncias e irregularidades que se presenten en las elecciones, el máximo organismo jurisdiccional del país trabaja de la mano con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Señaló que el Derecho electoral mexicano establece que la supervisión y ejecución de todos los procedimientos derivados del proceso electoral deben ser inmediatas; de manera que lo más adecuado es que las partes involucradas presenten, con oportunidad, las pruebas y elementos en su poder.

Subrayó que como producto de la reciente reforma en materia político-electoral de 2014, el TEPJF se fortaleció con nuevas atribuciones, tal es el caso de la creación de la Sala Regional Especializada, que se encargada de resolver los procedimientos especiales sancionadores.

González Oropeza comentó que dentro de este tipo de procedimiento, no existe mejor garantía que contar con un INE profesional, con funcionarios que supervisen las actividades de los comicios y con un sistema de fiscalización que los partidos políticos hagan de ellos mismos y de los otros.

Aseveró que el sistema de observación, supervisión y acatamiento de la ley es responsabilidad de todas y todos los involucrados.
Por su parte, Clicerio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Especializada del TEPJF, señaló que los procedimientos especiales sancionadores, que se resuelven en el organismo que él preside, garantizarán que las contiendas comiciales se desarrollen con imparcialidad, equidad y certeza jurídica.

Explicó que atenderán asuntos relacionados con la compra o adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, difusión de propaganda calumniosa, actos anticipados de precampaña y campaña electoral, promoción personalizada de servidores públicos, incumplimiento a las normas que regulan la propaganda gubernamental, violación a las reglas de ubicación física de propaganda político-electoral o en medios impresos, así como en el ejercicio del derecho de réplica.