El IFE se debilita día a día

CIUDAD DE MÉXICO (27/NOV/2011).- El Instituto Federal Electoral (IFE) nació como la piedra angular de una nueva etapa de democracia, pluralidad y autonomía en el panorama electoral mexicano. Tras las dudas y el escepticismo ciudadano generado por las elecciones de 1988, que llevaron a Carlos Salinas de Gortari a Los Pinos, el IFE se erigió como una instancia que aseguraba un piso mínimo de imparcialidad electoral con respecto a los poderes públicos. Las palabras ciudadanía, democracia, transparencia y legitimidad dominaban el debate público en México; los años del régimen de partido hegemónico que controlaba y dirigía los procesos electorales daban paso a una nueva era reformista en el país.

Sin embargo, tras más de una década en que el IFE logró aglutinar niveles amplios de capital político y legitimidad, la elección presidencial de 2006 trajo serias dudas acerca de la funcionalidad del Instituto y su capacidad de responder antes situaciones apremiantes y complejas.

Ese año, una mezcla explosiva de falta de responsabilidad de los partidos políticos, intervención profunda del Presidente de la República y el empresariado, una alta polarización ideológica, y una elección definida por menos de un punto porcentual, resultó ser una carga pesada para el órgano electoral que ya comenzaba a dar visos de debilidad institucional, cooptación partidista e ilegitimidad en su conformación original.

En este sentido, Teresa González Luna Corvera plantea discusiones interesantes en tres ámbitos fundamentales: el estado actual del Consejo General del IFE; la capacidad del IFE para cumplir con las atribuciones que le cedió la reforma de 2007-08, y la posible intervención del crimen organizado y los grupos fácticos en la elección de 2012.

—¿Qué opina de estado actual del IFE, incompleto y con muchas dudas acerca de su capacidad para conducir adecuadamente el proceso electoral de 2012?

—Me parece lamentable que, mientras los partidos políticos no se ponen de acuerdo e incumplen con la Constitución, el Consejo General del IFE está incompleto y debilitándose día con día.   

La irresponsabilidad política de los diputados al ser omisos en el nombramiento de los tres consejeros faltantes para integrar el órgano de máxima dirección del IFE, que debería quedar debidamente integrado desde el 30 de octubre de 2010,  ha  generado entre los ciudadanos y actores sociales —entre otras cosas negativas— serias dudas respecto a la  capacidad institucional para conducir el proceso electoral federal en marcha.   

Lo grave, en mi opinión, es que esta situación debilita el trabajo colegiado y representa riesgos en la conducción y arbitraje del proceso electoral que inició el 7 de octubre pasado con seis consejeros en lugar de nueve, como lo mandata la ley.     

Entre otros peligros, advierto el del empate en las decisiones esenciales que el IFE debe tomar, toda vez que el presidente del Consejo General no tiene voto de calidad,  y que asuntos cruciales queden en la indefinición o en el limbo.  

A la fecha, ya se han dado empates y se han paralizado decisiones relacionadas con el nombramiento de funcionarios de primer nivel y sanciones a los partidos políticos.  

Más adelante, por ejemplo, puede darse el caso de empate en las decisiones relacionadas con las campañas electorales que requieren de procedimientos y decisiones expeditas o en  la repartición de los escaños de diputados de representación proporcional, lo que afectaría a la democracia procedimental que es la base y el principio de validación  de  su estructura como representativa de la voluntad ciudadana.   

Resulta insólito que el principio de legalidad, uno de los cinco principios rectores de la actuación de la autoridad electoral federal, es incumplido —de entrada— por el mismísimo Poder Legislativo (Cámara de Diputados), lo que afecta y pone en entredicho los otros principios de independencia, imparcialidad, certeza y objetividad que deben guiar el proceder del IFE.   ¿Qué podemos esperar?    

—La reforma de 2007-2008 otorga más atribuciones al IFE ¿Qué tanto impactará en la eficiencia deliberativa y decisoria del órgano electoral?

—En efecto, la reforma constitucional en materia electoral  de 2007 y  las modificaciones a la legislación  electoral de 2008 amplían las atribuciones del IFE, transforman de manera significativa el marco normativo,  hacen  más complejo el entramado institucional y plantean grandes retos en la estructuración de un nuevo sistema electoral.   

A la función originaria y sustantiva de organizar las elecciones federales, la nueva norma hace del IFE un administrador de tiempos de los partidos y candidatos en los medios de comunicación, a contrapelo de su función histórica, lo que evidentemente impacta en el funcionamiento de la institución en su conjunto (estructura central, direcciones ejecutivas y órganos desconcentrados), no sólo de su Consejo General.  

Lo cierto es que nuevas responsabilidades y tareas especializadas, sobre todo las que se desprenden de la regulación de la comunicación de actores políticos y autoridades electorales en radio y televisión,  se suman a una estructura diseñada para funciones acotadas, complicando en todos sentidos su operación e incrementando su costo.

Además, dado que la legislación electoral vigente limita la participación  de  consejeros electorales en las comisiones  que son  los órganos auxiliares del Consejo General en los que se cocinan las decisiones temáticas que se llevan a su mesa, advierto que los consejeros en funciones se ven rebasados ante el cúmulo de asuntos y temas que tienen que abordar, procesar y dictaminar.      

—Ante fenómenos como la crisis de inseguridad y la intervención de los poderes fácticos ¿cómo imprimir legitimidad a unos comicios que acarrean sospechas en muchos ámbitos?  

—La legitimidad tiene que ver con las reglas electorales, pero también con los actores políticos,  las autoridades electorales y los ciudadanos que participan y expresan su voluntad en las elecciones. Considero que el diseño electoral en su conjunto está a prueba.  

A la crisis de inseguridad nacional,  la intervención de los poderes fácticos en la vida pública  y la desigualdad social que impera en el país, entre otras situaciones que vulneran los derechos fundamentales de los mexicanos,  se suma el desencanto de los ciudadanos hacia la política y los políticos,  así como la insatisfacción ciudadana con la democracia que no logra responder a las expectativas de mejora de la calidad de vida de la mayor parte de la población.  

Así, veo con preocupación que se agudiza la crisis de confianza, de credibilidad y legalidad en el sistema político, particularmente en los procesos electorales.    

Considero que la responsabilidad institucional de garantizar la autenticidad del sufragio a los ciudadanos radica no solamente en el IFE, esto es, en la escrupulosa organización de los procesos electorales en términos logísticos, con los elementos de seguridad que la norma contempla para que los ciudadanos ejerzan el voto de manera libre e informada, así como  en las decisiones que el Consejo General del IFE toma frente a una pluralidad democrática de fuerzas políticas en intensa competencia política, sino también en el comportamiento de los candidatos y partidos políticos que aceptan o no las reglas del juego democrático y respetan sus resultados.     

En este sentido, no tengo duda de que las experiencias electorales previas enriquecen las bases de sustentación de los aspectos positivos de las elecciones y las capacidades institucionales de adaptación a entornos cambiantes,  pero la nueva situación pone en evidencia las debilidades legales y políticas  frente a situaciones contextuales nuevas, incluso inéditas en la vida política nacional.  

En este sentido, me preocupa la presencia y operación  del crimen organizado y del narcotráfico en los procesos electorales a través de su infiltración en las estrategias partidistas y con los actores políticos.

PERFIL
Referente para hablar de democracia

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Política y Gestión Pública y candidata a doctora en el Doctorado Interdisciplinario de Estudios Sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Fue fundadora y coordinadora de Escuela de Aprender, A.C.; investigadora del Instituto de Innovación y Gobernanza de la UdeG; desarrolló proyectos de educación popular en un organismo civil y coordinó un proyecto de reconstrucción en el Sur de Jalisco con motivo del sismo de 1985.