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Viernes, 18 de Octubre 2019
México | Derechos humanos, la prioridad

Diputados urgen a legislar sobre el fuero militar

Integrantes del Congreso se pronuncian para que el tema sea incluido en la ley de seguridad nacional

Por: NTX

En octubre de 2010, la PGR inició la búsqueda de los restos de Rosendo Radilla Pacheco. ARCHIVO EL UNIVERSAL  /

En octubre de 2010, la PGR inició la búsqueda de los restos de Rosendo Radilla Pacheco. ARCHIVO EL UNIVERSAL /

CIUDAD DE MÉXICO (14/JUL/2011).- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se pronunció por incluir el fuero militar en la discusión de la ley de seguridad nacional, luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la posibilidad de juzgar a militares bajo la justicia civil en algunos casos.

El presidente de dicha comisión legislativa, Manuel Cadena Morales, consideró importante que el Congreso de la Unión se pronuncie a favor de la resolución de la SCJN sobre el fuero militar y entre de lleno a discutir el tema.

Durante una reunión de la Mesa Directiva de la comisión, el priista celebró la resolución emitida el martes por la de la Corte para que los militares que violen las garantías individuales sean juzgados en tribunales civiles.

A su vez la diputada Diva Gastélum, también del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comentó que el resolutivo del Poder Judicial atiende las observaciones hechas por instancias internacionales y que corresponde al Poder Legislativo establecer normas correspondientes.

“Es importante también sacar al Ejército de las calles, para que no ejerza tareas que no le corresponden. Este punto debe plantearse en la discusión de la ley de seguridad nacional, la cual debe acelerarse y tener un marco jurídico vanguardista en materia de derechos humanos”.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y secretaria de la Comisión, Enoé Uranga, consideró que la resolución de la SCJN obliga replantearse la formación de la carrera militar para ningún soldado agreda a los ciudadanos “aunque se lo solicite un superior”.

La diputada perredista agregó que los legisladores tienen el deber de analizar y debatir de manera inmediata la ley de seguridad nacional, para que se puedan discutir de forma más amplia las restricciones del fuero militar.

Telón de fondo
Rosendo Radilla: el móvil de la decisión

Casi 37 años después de su desaparición, el caso Rosendo Radilla sigue vigente. Tanto así, que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno mexicano a realizar una investigación al respecto, además de señalar que ningún caso de violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas debía ser juzgada en tribunales militares.

De ahí parte la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que los militares sean juzgados por tribunales civiles cuando comentan abusos.
Radilla Pacheco desapareció el 25 de agosto de 1974 en un retén militar en Guerrero durante la Guerra Sucia, en la que el Gobierno envió al Ejército y a la Policía para contener el brote de rebeldes en las montañas de guerrero. Durante la época fueron cometidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Rosendo Radilla fue dirigente campesino en Atoyac, donde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez laboraron como maestros en la década de 1970 y luego se convirtieron en jefes de la guerrilla en el Estado.

Rosendo Radilla Martínez, hijo de la víctima, negó que su padre fuera guerrillero y adujo, en una de las comparecencias públicas, que la “dictadura” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo consideraba un enemigo.

Reacciones
Civiles festejan; el Gobierno se compromete

Jorge Rocha, académico del ITESO


El ex titular del Programa de Derechos Humanos y Paz del ITESO afirma: “La demanda siempre ha sido que, cuando los militares vulneren derechos humanos, no opere la jurisdicción militar, pues no deben ser juez y parte en estos casos. Entonces, la justicia estaba muy balanceada hacia ellos y ahora estos casos tendrán que juzgarse por la vía civil (…) se rompe un poder fáctico por la vía de los hechos, pues siempre estuvieron sin ningún tipo de control civil, ellos se mandaban solitos”.

Gobierno federal

El Ejecutivo informó que cooperará para aplicar en casos concretos el criterio de la Suprema Corte.

“El Gobierno federal reitera su respeto a los criterios orientadores formulados por el máximo tribunal”, señalaron en un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina.

Señalaron que a la par de colaborar para instrumentar el criterio en casos específicos, se buscará fortalecer la aplicación de la jurisdicción militar en la conservación de la disciplina castrense

Defensores de derechos humanos

Varias Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) celebraron el histórico fallo de la Suprema Corte.

“Es un hito en la historia en la lucha por los derechos humanos”, señaló el director de la ONG Tlachinollan, Abel Barrera.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aplaudió la decisión “no sólo porque es jurídicamente impecable, sino porque refleja un tremendo coraje moral”.

FRENTE A FRENTE
Ministro y experto discrepan sobre la resolución

Sólo jueces competentes pueden tomar asuntos castrenses

El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aclaró que el fallo de los ministros para juzgar en tribunales civiles a militares involucrados en violaciones a derechos humanos no vincula a juez alguno, sino que sólo aquellos con competencia expresa podrán decidir cuándo.

“En la resolución de ayer no hablamos del oficio de jueces: hablamos simplemente de una consulta que se hizo de carácter administrativo y no constitucional; entonces, no podemos solucionar nada alusivo al control del oficio que los jueces tienen. Ha habido un mal entendimiento que se ha reproducido en los medios de comunicación”, explicó el funcionario del máximo tribunal mexicano.

— ¿Entonces los jueces no tendrán la facultad de decidir si los militares deben ser juzgados en tribunales civiles o castrenses?


—    Es algo muy complejo de explicar. Nos debemos de basar en el párrafo tercero del Artículo 1 de la Constitución, que dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. O sea: deben de tener una competencia expresa para eso las autoridades, los jueces.

— ¿La reciente reforma constitucional puede conducir a declarar la invalidez de la propia Constitución o a no aplicar uno de sus preceptos, si ésta no es acorde con un tratado de derechos humanos?


— El artículo 135 de la Constitución dice que primero está la Constitución y luego cualquier tratado.

—    ¿Cuál fue el peso que tuvieron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso de Rosendo Radilla para esta resolución de la SCJN?

—    El análisis de esa resolución fue lo que se determinó ciertas cosas en forma no vinculante para nadie. Nadie está obligado a atender lo que se estableció ayer porque no es jurisprudencia la Corte. La jurisprudencia de la Corte existe en casos concretos, muy en particular cuando persona física o moral reclama ciertos actos, primero sus derechos constitucionales y ahora los derechos de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén comprendidos en la Constitución mexicana.

—    ¿Usted considera esta resolución como una señal para que cambie la estrategia del Presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico, como lo han señalado los grupos políticos de oposición?


—    Yo no creo en lo absoluto que tenga que cambiar su estrategia; esta pregunta más bien habría que hacérsela a él.
Hoy la Suprema Corte revisa y aprueba formalmente el contenido de la resolución ya dada a conocer.
Tribunales civiles ya pueden atraer el caso Radilla

De acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Rosendo Radilla ya puede ser atraído por tribunales civiles, aún si no se ha reformado el artículo 13 de la Constitución Política que regula el fuero militar.

Así lo interpreta José de Jesús Becerra Ramírez, doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, con base en los puntos 337 al 341 de la sentencia de la Corte Interamericana, y en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del miércoles pasado, que determina que los jueces del Estado deben replicar el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional.

El punto 340 dice que “este Tribunal considera que no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Sin embargo, en el punto siguiente dice que aun así el artículo tiene que modificarse porque es incompatible con la Convención Americana.

Esto significa, explica Becerra Ramírez, que mientras se reforma el Artículo 13, los tribunales civiles ya pueden atender casos de violaciones de derechos humanos de civiles por parte de militares.

La ministra Olga Sánchez argumentó durante la discusión en la SJCN que la sentencia sobre el caso Radilla obliga a las autoridades a realizar el control de convencionalidad (ver recuadro).  “Las Fuerzas Armadas también están obligadas, en los términos del artículo primero constitucional, a respetar, proteger promover y garantizar los derechos fundamentales, y obligadas a realizar, en el ámbito de sus competencias, un control de convencionalidad ex officio (en razón de su oficio)”.

El académico de la UdeG señala que hay abogados que pueden interpretar distinta la sentencia de la SJCN, “pues pueden argumentar que son legalistas y que por ende tiene que cambiarse primero la legislación. Pero ya no se trata de leyes superiores a otras. Con la reforma constitucional de derechos humanos se establece que éstos prevalecen sobre todo y que la ley debe aplicarse lo más favorable para respetarlos. En resumen, las leyes no se derogan, simplemente se desplazan para resguardar los derechos humanos”.

— ¿Podrán atraerse otros casos de desaparición forzada como el de Rosendo Radilla?


— Es muy probable, pero depende de que haya organizaciones que lo soliciten. Esta sentencia trae consecuencias en cinco o 10 años, tal vez no imaginables para el común de los funcionarios. Con esto, México se revoluciona increíblemente.

Sergio Aguirre Anguiano, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sólo jueces competentes pueden tomar asuntos castrenses

El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aclaró que el fallo de los ministros para juzgar en tribunales civiles a militares involucrados en violaciones a derechos humanos no vincula a juez alguno, sino que sólo aquellos con competencia expresa podrán decidir cuándo.

“En la resolución de ayer no hablamos del oficio de jueces: hablamos simplemente de una consulta que se hizo de carácter administrativo y no constitucional; entonces, no podemos solucionar nada alusivo al control del oficio que los jueces tienen. Ha habido un mal entendimiento que se ha reproducido en los medios de comunicación”, explicó el funcionario del máximo tribunal mexicano.

— ¿Entonces los jueces no tendrán la facultad de decidir si los militares deben ser juzgados en tribunales civiles o castrenses?

—    Es algo muy complejo de explicar. Nos debemos de basar en el párrafo tercero del Artículo 1 de la Constitución, que dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. O sea: deben de tener una competencia expresa para eso las autoridades, los jueces.

— ¿La reciente reforma constitucional puede conducir a declarar la invalidez de la propia Constitución o a no aplicar uno de sus preceptos, si ésta no es acorde con un tratado de derechos humanos?


— El artículo 135 de la Constitución dice que primero está la Constitución y luego cualquier tratado.

—    ¿Cuál fue el peso que tuvieron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso de Rosendo Radilla para esta resolución de la SCJN?


—    El análisis de esa resolución fue lo que se determinó ciertas cosas en forma no vinculante para nadie. Nadie está obligado a atender lo que se estableció ayer porque no es jurisprudencia la Corte. La jurisprudencia de la Corte existe en casos concretos, muy en particular cuando persona física o moral reclama ciertos actos, primero sus derechos constitucionales y ahora los derechos de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén comprendidos en la Constitución mexicana.

—    ¿Usted considera esta resolución como una señal para que cambie la estrategia del Presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico, como lo han señalado los grupos políticos de oposición?


—    Yo no creo en lo absoluto que tenga que cambiar su estrategia; esta pregunta más bien habría que hacérsela a él.

Hoy la Suprema Corte revisa y aprueba formalmente el contenido de la resolución ya dada a conocer.

Tribunales civiles ya pueden atraer el caso Radilla

De acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Rosendo Radilla ya puede ser atraído por tribunales civiles, aún si no se ha reformado el artículo 13 de la Constitución Política que regula el fuero militar.

Así lo interpreta José de Jesús Becerra Ramírez, doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, con base en los puntos 337 al 341 de la sentencia de la Corte Interamericana, y en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del miércoles pasado, que determina que los jueces del Estado deben replicar el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional.

El punto 340 dice que “este Tribunal considera que no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Sin embargo, en el punto siguiente dice que aun así el artículo tiene que modificarse porque es incompatible con la Convención Americana.

Esto significa, explica Becerra Ramírez, que mientras se reforma el Artículo 13, los tribunales civiles ya pueden atender casos de violaciones de derechos humanos de civiles por parte de militares.

La ministra Olga Sánchez argumentó durante la discusión en la SJCN que la sentencia sobre el caso Radilla obliga a las autoridades a realizar el control de convencionalidad (ver recuadro).  “Las Fuerzas Armadas también están obligadas, en los términos del artículo primero constitucional, a respetar, proteger promover y garantizar los derechos fundamentales, y obligadas a realizar, en el ámbito de sus competencias, un control de convencionalidad ex officio (en razón de su oficio)”.

El académico de la UdeG señala que hay abogados que pueden interpretar distinta la sentencia de la SJCN, “pues pueden argumentar que son legalistas y que por ende tiene que cambiarse primero la legislación. Pero ya no se trata de leyes superiores a otras. Con la reforma constitucional de derechos humanos se establece que éstos prevalecen sobre todo y que la ley debe aplicarse lo más favorable para respetarlos. En resumen, las leyes no se derogan, simplemente se desplazan para resguardar los derechos humanos”.

— ¿Podrán atraerse otros casos de desaparición forzada como el de Rosendo Radilla?


— Es muy probable, pero depende de que haya organizaciones que lo soliciten. Esta sentencia trae consecuencias en cinco o 10 años, tal vez no imaginables para el común de los funcionarios. Con esto, México se revoluciona increíblemente.

¿Qué es control de convencionalidad?

De acuerdo a los criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad es un mecanismo que debe ser llevado a cabo, primero por los cuerpos judiciales domésticos, haciendo una comparación entre el derecho local y el supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, sea que surja de los tratados o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

José de Jesús Becerra Ramírez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.

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