Diputados legislan contra el crimen

CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto de dictamen que aprobarán esta semana los diputados, de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, establece que el CNSP podrá resolver "la cancelación de los recursos a las entidades federativas y a los municipios" por incumplimiento de los convenios. 

Esto se deriva de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que sería encabezado por el Presidente de la República, tendrá atributos para determinar la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales, para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal. 

El proyecto de dictamen de 251 artículos agrega que dichas causales de cancelación serán, entre otras, cuando los estados se abstengan de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia.  
Además, cuando apliquen los recursos de seguridad pública a otros fines, o bien establezcan un modelo policial distinto al acordado por el consejo. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública también podrá recomendar la remoción de los titulares de Seguridad Pública  --federales y estatales--, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo de ese consejo. 

Para aspirar a ser secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán ser mexicanos por nacimiento, tener más de 30 años, contar con título profesional de licenciatura, reconocida capacidad y probidad y no haber sido sentenciado por delito doloso. 

El proyecto que es analizado al interior de las ocho fracciones parlamentarias y que podría ser aprobado en comisiones este martes, establece una serie de sanciones que van de los tres a los 12 años de cárcel a funcionarios y policías que violenten esta nueva ley.       

También se prevé de cinco a 12 años de cárcel y hasta 600 días de salario de multa a quien falsifique, comercialice o distribuya uniformes policiales o militares con el propósito de cometer un delito, "o bien cuando el sujeto activo haya sido militar o integrante de una institución de seguridad. 

El proyecto de dictamen de 250 artículos y 10 transitorios,  plantea hasta 10 años de cárcel a quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información del Sistema de Seguridad Pública, ello además de la destitución y inhabilitación al cargo. 

También se establece que los servicios privados de seguridad serán auxiliares de la seguridad pública en "situaciones de urgencia, desastre o cuando lo soliciten autoridades de la federación, estados, Distrito Federal y municipios".   
 

Buscan aprobar cuatro reformas
Lista preferencial

CIUDAD DE MÉXICO.- Las juntas de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados acordaron ayer una agenda para aprobar en este periodo ordinario cuatro de seis reformas en materia de seguridad y justicia, entre ellas la que obligará a empresas y usuarios de telefonía móvil a identificarse plenamente para establecer un registro nacional de números celulares.
El presidente de la Junta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, también coordinador del PRI, detalló que las iniciativas que tendrán preferencia en este mismo mes serán: la Ley de Seguridad Pública; el registro nacional de teléfonos celulares para evitar extorsiones y secuestros; la Ley Antisecuestro, con reformas al Artículo 73 Constitucional, y la llamada "miscelánea penal".
 (El Universal)

POSTURAS

PRD
Descartó que hoy sea aprobado el dictamen de la Ley Nacional de Seguridad Pública, ya que aún se discuten temas importantes y se realiza la labor de redacción, pero aseguraron que en esa ley se establecerá la inviabilidad de una "super secretaría" de Seguridad Pública en el país.  
El diputado David Mendoza Maldonado, integrante de la citada comisión, expuso que hay un acuerdo con el PRI y el PAN para que el presidente de la República encabece el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la corresponsabilidad de gobernadores y alcaldes.  

PAN
El secretario de la Comisión de Gobernación, Cristian Castaño Contreras, aseguró que la discusión del dictamen gira en torno a la asignación de recursos a estados conforme al cumplimiento de metas.  
De lograr un acuerdo, "es muy probable que se turne de primera lectura al pleno", pero admitió que existe jaloneo en el ejercicio de recursos asignados a partidas de seguridad conforme al cumplimiento de metas y a la incorporación de una estrategia nacional.  
El legislador panista declaró que los diferendos que persisten en el punto mencionado no son causa "de legisladores, sino de algunos gobernadores".   

PRI
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Francisco Rivera Bedoya, informó que la Ley General de Seguridad Pública incluye exigencias del PRI y PRD, como la certificación y supervisión de las policías por parte de un órgano externo.
 Confirmó que el PAN, que ha defendido el proyecto original del Ejecutivo, aceptó finalmente que el Consejo Nacional de Seguridad Pública sea encabezado por el Presidente, punto que trabó la semana pasada las deliberaciones por un dictamen por consenso, uno de los principales acuerdos finales, así como la certificación desde el soldado raso hasta el alto mando de las policías, desde un órgano externo, ajeno a los altos funcionarios. (Agencias)