Diputado priista pide investigar uso indebido de expedientes de PGR

CIUDAD DE MÉXICO (28/ENE/2011).- El diputado federal del PRI, Arturo Zamora propuso la creación de una Subcomisión Investigadora para esclarecer el uso indebido de expedientes de la Procuraduría General de la República ( PGR).  

Acusó a los gobiernos panistas de estar sistemáticamente utilizando a la PGR y a los llamados "testigos protegidos", para un uso faccioso y electoral.  

Luego de la filtración a un medio de comunicación sobre el presunto financiamiento de recursos del narcotráfico en la campaña del PRI en Guerrero, el legislador priista recordó haber vivido una situación similar en 2006.  

Zamora recordó que siendo candidato para la gubernatura de Jalisco, fue víctima de falsos señalamientos de la PGR, al acusarlo de tener nexos con el crimen organizado.  

"En mi caso tuve que desahogar 17 juicios, para después de tres años, resarcir el nombre de mi familia y el prestigio que tengo en la comunidad de Jalisco. Tuve éxito en todos, pero el daño a mi imagen ya estaba hecho para el proceso electoral", subrayó.  

Reiteró que esas prácticas no se deben tolerar, pues de no estar en el ánimo del Gobierno federal, a todos nos ponen en riesgo.  

"A propósito de lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero, tenemos un gran interés de evitar que se manipule la figura de los testigos protegidos con fines político-electorales", subrayó.  

Por ello, sostuvo la necesidad en crear esta subcomisión para investigar todos estos casos, para investigar dentro de la Procuraduría General de la República la manipulación de versiones.  

En conferencia de prensa, Zamora consideró que 'representa un retroceso de la política nacional que el gobierno utilice a las instituciones de seguridad del Estado para usos político-electorales'.  

'En los últimos meses hemos visto cómo utilizan estos recursos para atacar a adversarios electorales, como hoy lo hacen', señaló.  

Zamora indicó que en el anterior periodo ordinario de sesiones se presentó una iniciativa para regular la figura del testigo protegido y el testigo regulador, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y, en su caso, aprobación.