Democracia de pacotilla

¿Democracia en México? Ni pierda el tiempo pensando en la respuesta. La democracia en México en su concepción más profunda no sólo es incipiente —lo que de alguna manera sería natural, por el corto tiempo de aprendizaje que llevan los mexicanos—, sino una broma de muy mal gusto. La cultura autoritaria sigue siendo un recurso utilizado por el Gobierno, sin importar el color de su ideología. Si tiene alguna duda, revise el proceso legislativo en las dos últimas sesiones en el Senado y la Cámara de Diputados de este año. Ahí apreciará cómo la Secretaría de Hacienda se valió de una marioneta, el diputado Jorge Stefan Chidiac, para hacer un desastre parlamentario.

La historia comienza el 3 de diciembre, cuando los senadores aprueban en comisiones la figura de “corresponsales bancarios” dentro de la Ley de Instituciones de Crédito, en la cual establecían límites para que establecimientos comerciales como Wal Mart, Soriana o Coppel, pudieran realizar transacciones bancarias en sus cajas. El propósito final es noble, mejorar el sistema de pagos, pero dos bancos, Inbursa y Azteca, objetaron que no hubiera límites para esas operaciones. Un argumento era la iniquidad con el resto de los bancos, pues a los establecimientos comerciales no se les obligaba a las medidas de seguridad que se les exigen a ellos (capacitación de personal, vigilancia con cámaras o vidrios blindados). Otro más importante es que todos los dispositivos de secreto bancario, los controles al lavado de dinero y las garantías para los clientes, se ponían en riesgo.

Los senadores decidieron fijar límites —depósitos diarios hasta por seis mil pesos y 25% máximo de captación de cada banco por corresponsal—, modificando el artículo 46 bis I de la ley, con lo cual se eliminaba discrecionalidad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se eliminaba una leyenda que decía que “constituiría título ejecutivo no negociable a favor del usuario”, que de haberse aprobado, cada vez que hubiera una disputa legal entre cliente e institución, el consumidor siempre habría resultado afectado con un embargo durante el tiempo que durara el pleito. La Secretaría de Hacienda, que estaba en contra de todas estas medidas, se replegó tácticamente en el Senado, donde el 4 de diciembre fue votada por unanimidad y se turnó a la Cámara de Diputados para que fuera aprobada “en sus términos”; es decir, sin problema alguno, toda vez que como sucede en esos casos, ha sido debidamente negociada con anterioridad.

Por la premura de la clausura del periodo parlamentario, se pidió a la Comisión de Hacienda del Congreso que la revisaran con urgencia y la enviaran al pleno de la Cámara para su aprobación. Antes de enviarla, el senador Francisco Arroyo, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, fue alertado de que funcionarios de Hacienda habían interceptado el texto aprobado antes de ser enviado al Congreso, y lo estaban modificando. Arroyo los detuvo y amenazó con fincarles responsabilidades penales por usurpar funciones que no les correspondían y alterar un documento legal. Recularon y llevaron su estrategia de sabotaje al Congreso, cuando llegó la minuta del Senado al presidente de la Comisión, Jorge Stefan Chidiac, quien pretendió convocar a la Comisión hasta la víspera de la última sesión, para que ya no hubiera tiempo de votarla, pero fue descubierto y tuvo que adelantar la reunión.

Hacienda, por conducto del subsecretario Alejandro Werner, y con el apoyo de Stefan Chidiac, trató de convencer a los diputados y al autor original de la ley, el senador José Calzada, de hacerle las modificaciones que deseaban. Ante el rechazo, el dictamen quedó como lo había enviado el Senado, y le pidieron al diputado que distribuyera el texto porque el pleno ya estaba discutiendo la figura de los corresponsales bancarios. Quinientas copias fluyeron en San Lázaro, pero un diputado, pese a la premura, se tomó la molestia de revisarlo y descubrió que el dictamen de la Comisión había vuelto a incluir las pretensiones centrales de Hacienda: discrecionalidad para la CNBV y que la ley fuera el equivalente a un pagaré, con lo cual beneficiaban a los establecimientos comerciales. Al preguntar el líder priista en el Congreso, Emilio Gamboa, a Stefan Chidiac quién había modificado nuevamente el texto, el diputado dijo ignorarlo. Por los procedimientos de ley, ese texto tuvo que ser regresado al Senado, que ratificó que los cambios eran inaceptables.

Los senadores regresaron la minuta con la petición de que se publicara todo el artículo y dejar los párrafos polémicos pendientes para su discusión en febrero. Para ello, se necesitaba un punto de acuerdo de la Comisión de Hacienda del Congreso, pero Stefan Chidiac volvió con otra chicanada. Argumentando que como Hacienda decía que todo el artículo 46 era muy polémico, que se quitara de la ley, y lo regresó al Senado, donde todos volvieron a crisparse. La razón era simple. Era ilegal eliminar el artículo, porque ya había sido aprobado por el Senado. La Ley, finalmente, no fue aprobada. Hacienda prefirió sacrificarla toda —pese a que le beneficiaba en lo general—, con tal de que no se quitara la discrecionalidad a la CNBV, y provocó un desgaste legislativo absurdo y una ruptura de acuerdos parlamentarios, que incluyeron los servicios de Stefan Chidiac, aún en contra de su propio partido.

RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: r_rivapalacio@yahoo.com