Defienden el derecho a protestar

CIUDAD DE MÉXICO (10/ABR/2014).- Organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar “el intento Estado mexicano” —y en particular de cuatro entidades: Quintana Roo, Jalisco, San Luis Potosí y el Distrito Federal— de criminalizar la protesta social por medio de lo que calificaron como un “andamiaje legal”. A ello se suma la reforma en materia de terrorismo que está aprobada por el Congreso de la Unión, pero que aún no ha sido promulgada por el Presidente.

Desde el lunes pasado, “pedimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que promoviera una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma penal en materia de terrorismo, por considerar que facilita la inhibición de derechos y la criminalización movimientos sociales”, dijeron los representantes de las ONG, que promueven esta alerta con la campaña “#QueNoTeApaguen”.

En la iniciativa presidencial se elimina el último párrafo del Artículo 139 del Código Penal Federal, que establecía que: “no se considerarán como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o cualquier otro...”.

Además, en los estados hay iniciativas que también pretenden inhibir las manifestaciones. En Quintana Roo, el 25 de marzo fue aprobada una legislación que limita las protestas en lugares turísticos y avenidas importantes. Sin embago luego de protestas el gobernador Roberto Borge anunció la suspensión de la publicación de la Ley de Ordenamiento Social.

En San Luis Potosí fue presentada el 27 de marzo una propuesta para regular marchas, mítines y  bloqueos, mientras que en la Ciudad de México ya existe un dictamen de Ley de Manifestaciones Públicas desde el 10 de diciembre de 2013. En Jalisco, la diputada Gabriela Andalón presentó en septiembre una iniciativa que no ha prosperado.                   

NUEVO CÓDIGO PENAL
La CNDH y el IFAI se inconforman

Sin estar aún vigente el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) impugnaron 13 artículos de dicha norma ante la Suprema Corte. Se trata de aquellos que regulan las facultades de la Policía en investigación y prevención de delitos, así como las detenciones en flagrancia.