Defensores de derechos humanos, con poca protección

CIUDAD DE MÉXICO.- Rafael Cruz Santiago quería descubrir las redes de corrupción existentes entre los reclutadores de la mano de obra de mexicanos para la agroindustria estadounidense, pero ya no pudo continuar con su labor porque el 9 de abril de 2007, en Monterrey, fue encontrado su cadáver con claras huellas de tortura. Gustavo de la Rosa Hickerson y Luz Estela Castro, de Chihuahua, han sido amenazados de muerte por oponerse a la presencia militar en esa Entidad.

En abril de 2007, Aline Castellanos planeaba viajar a Washington para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los abusos de las autoridades durante el conflicto magisterial en Oaxaca, pero su domicilio fue allanado y su pasaporte sustraído. El 31 de agosto pasado, desconocidos dispararon e hirieron en tres ocasiones a Salomón Monárrez, secretario del Frente Cívico Sinaloense —organización civil cuyo fundador fue asesinado hace dos años.

Es así como los defensores de derechos humanos en México trabajan en condiciones de riesgo “considerable” y en un estado generalizado de indefensión y desprotección, pues son víctimas de homicidio, amenazas y agresiones que van en aumento y que ocurren ante la “débil” acción de las autoridades para prevenir esos hechos, denuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.

De enero de 2006 a agosto de 2009, esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó 128 agresiones —10 fueron homicidios— contra defensores de derechos humanos y asegura que 98.5% del total de esos casos están impunes.

Aunque en la mayoría de los asuntos resultó imposible ubicar a los autores de las agresiones, las víctimas responsabilizan a autoridades locales y al crimen organizado.

En su informe “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”, el organismo explica que una vez que los defensores de derechos humanos denuncian agresiones, las autoridades actúan con reticencia, lentitud y negligencia. Sólo en dos casos se ha procesado a los probables responsables.

En el reporte, que se hará público hoy, la ONU alerta que los activistas de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca están en mayor riesgo de indefensión, pues en esas entidades hay un incremento de violencia e inseguridad y las autoridades municipales incumplen con la protección cuando se trata de amenazas provenientes del crimen organizado.

Asegura que es evidente que la labor de defensa de los activistas “resulta incómoda” para algunos grupos y critica la ausencia de una política integral en la materia, pues dijo que el Estado se ha limitado a actuar cuando se acude a instancias internacionales que demandan medidas de protección para los defensores de derechos humanos agredidos.

“Resulta preocupante que incluso dichas agresiones se lleguen a asumir como una realidad implícita en su labor y no como situaciones extraordinarias que deben ser prevenidas y, en su caso, investigadas y sancionadas”, destaca la oficina.