Cuenta regresiva a mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- No sólo está en juego la vida de 51 mexicanos condenados a pena de muerte, sino también el que se logre obligar a la máxima potencia del mundo, Estados Unidos, a cumplir una sentencia dictada en su contra por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). México le pidió, el pasado 5 de junio a esa instancia, que interpretara y definiera los alcances de la sentencia que dictó, desde 2004, en el juicio que se conoció mundialmente como el caso “Avena y otros nacionales mexicanos”.

La Corte decidió que los 51 mexicanos tenían derecho a una revisión de sus penas después de comprobar que se violó su derecho a recibir asistencia consular cuando fueron detenidos.

En su fallo la Corte Internacional de Justicia consideró que las autoridades estadounidenses no habían informado a los presos mexicanos sobre su derecho a recurrir a la protección consular.

La Corte indicó que debería realizarse una revisión efectiva de las condenas para establecer si la falta de protección provocó un perjuicio real a cada acusado.

Pero después de casi cuatro años, el gobierno mexicano se vio obligado a pedir nuevamente la intervención de la CIJ porque algunos estados federados de la Unión Americana, entre ellos Texas, no están dispuestos a acatar la sentencia que dictó en 2004, sino que, por el contrario, ya agendaron las fechas de ejecuciones.

En respuesta a la petición de México, como primera medida, la CIJ le ordenó al gobierno de Estados Unidos, como medida precautoria, que frenara la ejecución de cinco mexicanos en Texas, hasta que resolviera la demanda en su contra.

La medida precautoria la adoptó principalmente porque Texas programó para el 5 de agosto próximo la ejecución de José Ernesto Medellín.

Pero Texas también se niega a acatar la medida precautoria fijada por la Corte Internacional de Justicia.

Y mientras la fecha de ejecución sigue en pie, el juicio en la CIJ continúa.

El gobierno de Estados Unidos tiene hasta el 29 de agosto para responder a la demanda en su contra. Y sólo a partir de entonces, la CIJ buscará imprimirle velocidad a la revisión de este asunto, para emitir su decisión.

Mientras tanto la ejecución de Medellín se mantiene en suspenso.