Surge otra propuesta para reducir el número de legisladores

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAY/2010).- Surge otra propuesta en el Congreso del Estado para reducir el número de diputados. La legisladora priista, Rocío Corona Nakamura, plantea que haya ocho congresistas menos, para que en lugar de los 39 actuales, haya 31.

La iniciativa de la congresista incluye también reducir el número de regidores en los ayuntamientos jaliscienses.

Corona Nakamura pugna por la disminución de diputados de representación proporcional, más que por su desaparición. Además, plantea la eliminación de un distrito electoral local, para que al igual que en los federales, haya 19.

“Se trata de empatar distritos locales a federales con un total de 19 de mayoría relativa, y quitar siete de representación proporcional para quedar en 12, para un total de 31 diputados”.

La reducción del número de legisladores representará un ahorro de 90 millones de pesos (MDP) por Legislatura; además, con la propuesta terminarían con la “sobrerrepresentación” plurinominal que existe en Jalisco, destacó la funcionaria.

La legisladora también menciona que los ciudadanos tengan la posibilidad de proponer candidatos para quitar el monopolio a los partidos políticos, así como la utilización del voto electrónico en comicios federales.

Cabe recordar que la semana pasada, el diputado panista Nicolás Morales presentó al pleno una iniciativa para reducir de 39 a 35 el número de diputados. El planteamiento es eliminar tres legisladores plurinominales, y uno más, al desaparecer un distrito electoral local, para que en lugar de 20 haya 19.

Conforme al planteamiento de Corona Nakamura con relación al número de regidores, también propone una disminución basada en una fórmula en la que se tome en cuenta el número de habitantes.

Por ejemplo, en el caso de municipios que tengan más de 500 mil habitantes, se elegirán 11 regidores de mayoría relativa y hasta seis de representación proporcional, mientas actualmente hay hasta 21 ediles.

Asimismo, la legisladora menciona en su propuesta que cuando haya modificaciones a las leyes electorales federal y local, deberán promulgarse y publicarse por lo menos un año antes del proceso electoral en que vayan a aplicarse.