Rechazan limitar derechos en organismos públicos

GUADALAJARA, JALISCO.- Dos especialistas en materia jurídica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideran que la reforma constitucional gestada en el Congreso del Estado, que pretende reducir prestaciones de los trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) no es sólo “contradictoria”, sino que su planteamiento es ilegal, porque se contrapone a lo preestablecido por el Gobierno federal para darle un marco jurídico a los servidores públicos de dichas instancias paraestatales.

Los especialistas consideraron que la intención del Poder Legislativo “atenta contra la antigüedad laboral de los empleados, y desconoce que los OPD no pueden ser tratados como entidades que no sean sujetos del Juicio de Amparo es decir, son inminentemente públicos”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ( CEDHJ), la propia UdeG, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) son OPD, y de acuerdo con los académicos, “es irresponsable” que sean tratados como organismos cuyos directivos se cataloguen como patrones y no como funcionarios de una entidad que emana poderes estatales.

“Aunque hay una serie de organismos (OPD) cuya función y utilización de recursos públicos no están totalmente justificadas, otros tienen una clara encomienda y función pública. Deben ser preservados, y no es jurídicamente justo que por unos, pierdan todos los OPD”, afirmó Jorge Humberto Chavira Martínez, director de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.

Por su parte, Eduardo Flores González, especialista en Derecho Laboral en la casa de estudios, recordó que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) haya establecido que los OPD deben acatar el marco jurídico de la Ley Federal del Trabajo, no significa que las prestaciones ganadas durante años en la Entidad se pierdan. Recordó que en materia del trabajo, las reformas constitucionales no se aplican de manera retroactiva.

Flores González afirmó que el criterio esclarecido por la SCJN para que en esta materia, los OPD diriman sus problemas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, implica un trabajo integral para “comprender que son organismos públicos paraestatales, y que la optimización de recursos no se puede comprometer a costa de los trabajadores; ésta debe ser una tarea de ingeniería más bien política”.

Más allá de esto, expuso que el aparato académico y sindical de la UdeG se prepara para dar inicio a un estudio que pueda demostrar a los legisladores la invalidez en los postulados de la reforma, y que lejos de asegurar más recursos a las arcas estatales, atentarían contra derechos laborales ganados durante años, y dejaría huecos en lo que toca a la responsabilidad pública de sus funciones.

Este lunes, se publicó en este medio que el Congreso local aprobó reformas a la Constitución que de publicarse, afectarán la condición de los trabajadores de los OPD. El gobernador Emilio González, además, reconoció su intención de desaparecer algunos de estos organismos y fusionar otros.

Para saber

En 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dirimió una controversia sobre el régimen que debe resguardar a estos trabajadores, y se estableció que serían sujetos a la Ley Federal del Trabajo.

Trabajadores de OPD están protegidos: Pelayo

La federación de burócratas más representativa del Estado muestra su desacuerdo a la modificación mediante la cual los servidores públicos que laboran en Organismos Públicos Descentralizados dejen de regirse por la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Sin embargo, para proteger a los trabajadores se tomaron previsiones al realizar contratos colectivos en los que se conservan diversos derechos laborales.

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco, Juan Pelayo Ruelas, consideró incongruente la modificación porque a final de cuentas la coordinación administrativa de los OPD sigue dependiendo del Gobierno del Estado. Con estos cambios, encuentra una intención del Ejecutivo de quitarse responsabilidad.

“No estoy de acuerdo con esta disposición pero no podemos dejar desprotegidos a los trabajadores, y tuvimos que firmar los contratos colectivos a la brevedad posible desde hace tres años y medio o cuatro años”.

Al realizarse los contratos colectivos con cada OPD, se hicieron los registros en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al ser regidos ya por la Ley Federal del Trabajo. En los contratos se estipulan los 50 días de aguinaldo que reciben los burócratas, la prima vacacional y el bono del Día del Servidor Público, entre otros.

Incluso, agregó, hace alrededor de tres años la Junta Local creó la Junta 11 en la que se dirimen los asuntos de los trabajadores de organismos públicos descentralizados, ya que dejaron de abordarse sus asuntos laborales en el Tribunal de Escalafón y Arbitraje.  Agregó que las modificaciones para regirse por las disposiciones del apartado A del artículo 123 de la Constitución, se realizaron a nivel federal hace más de tres años y desde entonces comenzaron a acatar la disposición para proteger a los trabajadores.
De los alrededor de 30 mil burócratas que representa la federación, cerca de 10 mil laboran en una OPD.

Contradictorias e ilegales, las reformas a organismos públicos

Las reacciones de académicos y representantes sindicales de trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) a propósito de la reforma dada a conocer por la diputada priista Verónica Martínez Espinoza, para modificar la condición laboral de los empleados de estos organismos, no se hicieron esperar. La postura generalizada está contra las reformas a varios artículos de la Constitución de Jalisco.

Por un lado, especialistas en Derecho de la Universidad de Guadalajara, entre ellos el titular de la División de Estudios Jurídicos, Humberto Chavira Martínez, tildaron la reforma como “ilegal y contradictoria”.

Además, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco, Juan Pelayo Ruelas, advirtió que la intención del gobernador Emilio González Márquez para desaparecer algunos OPD y fusionar otros, fue prevenida con la elaboración de contratos colectivos.

Especificó que a pesar de que los cambios en la Constitución estatal pudieran ser aprobados por los gobiernos municipales, los contratos colectivos conservarán los derechos laborales en los OPD.

“No estoy de acuerdo con esta disposición, pero no podemos dejar desprotegidos a los trabajadores, y tuvimos que firmar los contratos colectivos a la brevedad posible desde hace tres y medio, o cuatro años”.

Al realizarse éstos con cada OPD, se hicieron los registros en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al ser regidos ya por la Ley Federal del Trabajo. En los contratos se estipulan los 50 días de aguinaldo, prima vacacional y bono del Día del Servidor Público. De los casi 30 mil burócratas que representa la federación, cerca de 10 mil laboran en una OPD.