Rechaza la Iglesia de Guadalajara aplicación de la pena de muerte

GUADALAJARA, JALISCO.- La Arquidiócesis de Guadalajara entró al debate sobre la aplicación de la pena de muerte, al dar a conocer que la postura doctrinaria de la Iglesia Católica sostiene la negativa a aplicar esta pena máxima.

 “La pena de muerte es un tema complicado, siempre sujeto a los abusos y a los defectos de los actos humanos. Se explica esta posición por la arbitrariedad y poca confiabilidad en muchos gobiernos y gobernantes. Para aplicar un castigo extremo como éste, la primera condición es contar con gobernantes y jueces de indiscutible integridad moral. ¿Los tenemos en México? ¿No podrá prestarse un castigo tal para encauzar venganzas o para ofrecer ‘chivos expiatorios’ a un pueblo desilusionado de la impunidad jurídica de que gozan tantos criminales?

“Por desgracia, algunos gobiernos como China, Arabia Saudita y Nigeria (donde se realiza el 85% del total de las ejecuciones en el mundo) aplican esta sentencia más bien como arma para reforzar su ideología político-religiosa que para enmendar a la sociedad. No dudemos que, entre nosotros, algunos políticos quieran imponerla con el mismo sentido. No hay experiencia alguna en el mundo que indique que la pena de muerte disminuyó delincuentes o delitos”, sostiene.

La Iglesia de Guadalajara acepta, en el editorial publicado este fin de semana en su órgano oficial, que anteriormente el Catecismo de la Iglesia Católica no excluía la pena de muerte “cuando ésta fuera la única solución para colocar al agresor en estado de no causar más perjuicios y por ello mantener la perseverancia del bien común cuando ya se hubieran agotado todos los demás recursos para alcanzar la paz y la justicia sociales”, pero aclara que “hoy día, la autoridad pública tiene suficientes medios incruentos para defender a la sociedad del agresor. Por lo tanto, la Iglesia hace inválida su aplicación”.

Esta semana, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó la pena de muerte para secuestradores que mutilen o asesinen a quienes hayan secuestrado. La reforma, sin embargo, debe ser antes discutida en el Poder Legislativo federal, pues su aplicación requiere una reforma a la Constitución del país, que fue reformada en 2005 en su artículo 22, para eliminar definitivamente esta pena en el país.

La Iglesia tapatía advierte entonces que si bien “algunas personas, e incluso sectores de la sociedad, se inclinan por la aplicación de esta sentencia, esto se entiende por la escalada de violencia en nuestro país, especialmente en el rubro del secuestro. Pero esta postura es más bien una expresión de la desconfianza generalizada por la inseguridad pública, la corrupción, la impunidad y la impotencia de una legislación judicial incapaz de actuar ante la evidencia de los acontecimientos”.

La Arquidiócesis cierra su mensaje al considerar que debido “a la cultura de muerte reinante, la amenaza de esta pena es prácticamente ineficaz”, puesto que “los ‘candidatos’ a la pena de muerte están animados por la mentalidad de esta cultura destructiva, de tal forma que ni siquiera les importa morir, antes, en sus prácticas delictivas. Asusta esta situación, pero es real. La solución, o parte de ésta, a la delincuencia y, en particular, al secuestro, entonces, no está en la aplicación de la pena de muerte”.

EL INFORMADOR / JORGE OCTAVIO NAVARRO