Propone PRD Jalisco crear Ley de Combate a la Corrupción

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUN/2013).- La fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local presentó su propuesta para crear la "Ley de combate a la corrupción del Estado de Jalisco" y la implementación de una Fiscalía Anticorrupción.
 
La diputada Celia Fausto Lizaola dio a conocer esta iniciativa y estuvo acompañada por el coordinador de su fracción, diputado Edgar Enrique Velázquez González y el presidente estatal del PRD, Juan Carlos Guerrero Fausto.

"La falta de un marco normativo que de manera imperativa, contemple castigo al oferente y al demandante de un acto de corrupción y ante la falta de una autoridad que tenga la exclusividad para investigar, inhibir, prevenir, combatir y en su caso castigar todo acto de corrupción; han sido caldo de cultivo para que este mal endémico sea uno de los principales flagelos de nuestra sociedad moderna; que acaso represente la herencia más tangible del modelo económico instaurado en México y Jalisco, en los más recientes 30 años", dijo la perredista.
 
La legisladora añadió que los objetivos de esta propuesta anticorrupción serán facilitar la denuncia de los ilícitos, la protección del ciudadano o funcionario público que la presente; y la sanción al servidor público municipal o estatal que sea encontrado culpable.
 
La propuesta prevé una reforma a la Constitución del Estado en su artículo 35, con la adición de un párrafo que establezca la creación de una Fiscalía Anticorrupción y 13 fiscalías en la entidad.
 
"La corrupción es un círculo perverso, que redistribuye pobreza, miseria y desigualdad; que condena a todo un pueblo al subdesarrollo; mermando los recurso financieros de los programas sociales y de la inversión productiva, arrojando que por cada peso predispuesto para dichos programas, se pierden en el camino ochenta centavos; y que en vez de erradicar ésta práctica las más recientes administraciones gubernamentales se han plegado a la salida por la puerta falsa representada por la deuda pública; explicándose con esto el incremento exponencial de los pasivos en toda administración pública", señaló.
 
El Fiscal Anticorrupción sería nombrado por el Poder Legislativo para evitar la injerencia de los poderes Ejecutivo y Judicial en los procesos de investigación y sanción de los actos de corrupción denunciados y cometidos por funcionarios de dichos poderes, dependencias estatales y ayuntamientos.
 
La fiscalía gozaría de autonomía y patrimonio propios; persiguiendo y castigando los actos de corrupción de funcionarios estatales y municipales, de manera oficiosa y por querella.
 
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ