Procede Zapopan contra funcionarios boneros

La Sindicatura de Zapopan instauró el 9 de junio procedimientos de responsabilidad administrativa contra el oficial mayor administrativo, Leopoldo Pérez Méndez y el tesorero municipal, Antonio Diosdado Trujillo, por haber otorgado y recibido un bono por el Día del Servidor Público en 2007.

También serán investigados otros 55 funcionarios de confianza en los cargos directivos de todas las dependencias del Ayuntamiento, por haber aceptado el pago del bono que representó una quincena extra y libre de impuestos.

El artículo 46, fracción IV, de la Ley de Servidores Públicos del Estado señala que “es causal de responsabilidad administrativa en los términos de la ley de la materia, establecer en los presupuestos de egresos o autorizar el pago de bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración, cualquiera que sea su denominación. En igual responsabilidad incurre el servidor que reciba este tipo de percepciones”.

El artículo 54 bis dice: “Los servidores públicos que integran los entes públicos a los que se refiere el artículo 1 de esta ley, con excepción de sus titulares, mandos superiores y directores, pueden recibir estímulos o compensaciones, mismos que deben estar sujetos a lo estrictamente establecido en el Presupuesto de Egresos respectivo”. En Zapopan, todos los directores generales lo recibieron.

En estos momentos, se desarrolla la fase en la que los funcionarios señalados podrán presentar pruebas ante la Sindicatura que ellos consideren constata la legalidad de sus actos. La investigación nació de la denuncia que hizo la fracción edilicia del PRI en el Ayuntamiento.

Según Jesús Casillas Romero, coordinador del grupo, los bonos por el Día del Servidor Público del 28 de septiembre de 2007 para los funcionarios directivos y ediles representó una erogación de aproximadamente un millón y medio de pesos. Los regidores recibieron alrededor de 30 mil pesos.

Casillas Romero indicó que la Sindicatura no actuará sobre los regidores, pues no está facultada para ello, como sí lo está en cambio el Congreso del Estado de Jalisco a través de la figura de juicio político. El regidor prevé que durante la revisión que hará la Auditoría Superior del Estado de Jalisco de la cuenta pública del Ayuntamiento, los bonos a los ediles se determinarán ilegales, por lo que tendrán que ser devueltos al patrimonio del municipio.

Paquete de denuncias

El coordinador del PRI adelantó que la fracción presentará un paquete de denuncias ante el Congreso del Estado acerca de los casos en los que, asegura, se han cometido irregularidades en la administración pública, en conceptos como adquisiciones y pago de indemnizaciones.

“Es un paquete integral. Estamos esperando que se cumpla el año y medio para que en la segunda parte de la administración se tomen las medidas para que ya se eviten los abusos”, declaró.

Los bonos por el Día del Servidor Público del 28 de septiembre de 2007 costaron cerca de un millón y medio de pesos, señala el priista Jesús Casillas Romero.