Policía tapatía debe monitorear videocámaras privadas: MC

GUADALAJARA, JALISCO (09/ABR/2013).- La fracción del Movimiento Ciudadano (MC) en Guadalajara cuestionó los pobres resultados que ha obtenido el Ayuntamiento tapatío, para la ampliación de su sistema de videovigilancia integrando otras redes existentes en la ciudad en manos privadas, a pesar de que éste fue un objetivo trazado desde la anterior administración municipal.
 
El coordinador del grupo, Salvador Caro Cabrera, refirió que un sistema de videovigilancia gubernamental "debe compartir en la medida de lo posible" las instalaciones del sector privado, como las de los fraccionamientos en el municipio o centros de comercio, pero el Ayuntamiento tapatío no ha logrado dar ese paso, lo que hace que se mantenga con sólo 141 cámaras para toda la ciudad.  
 
Durante el anterior trienio se aprobó una reglamentación en esta materia que, se suponía, serviría como el marco normativo para que el Ayuntamiento estableciera convenios de colaboración con particulares, para que sus videocámaras en el espacio público pudieran ser monitoreadas por el Centro de Comunicación y Observación Electrónica (Cecoe) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
 
Se creó, incluso, un Comité de Videovigilancia que debía elaborar un censo a nivel municipal de todas las videocámaras instaladas, públicas y privadas, que era un producto de información indispensable y que tampoco se concretó.
 
Dice ahora el regidor, Caro Cabrera: "Las personas que en el sector privado han hecho inversiones en esta materia no se sienten seguras de que deban compartir el esfuerzo con la autoridad municipal, a pesar de que les significa costos elevados (la videovigilancia), prefieren mantener su propio esfuerzo, es una muestra del fracaso en materia de seguridad pública".
 
El Reglamento de Videovigilancia de Guadalajara dice otras muchas cosas que tampoco se han vuelto realidad. Se suponía también que la instalación de nuevos equipos de este tipo en la ciudad requería de una validación del Comité municipal, el cual velaría porque su localización, de registrar el espacio público, también fuera de utilidad para las tareas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
 
Ahora que el Ayuntamiento tapatío anuncia que adquirirá 250 videocámaras (con un costo individual aproximado de 250 mil pesos), por lo que solicita el líder de la fracción del MC que este plan se exponga para valorar que, efectivamente, forme parte de una estrategia más amplia y bien diseñada.
 
Piden mensajes claros sobre inspectores
 
La otra integrante de la fracción, la regidora Candelaria Ochoa, solicitó que el Gobierno municipal clarifique lo que está haciendo o pretende hacer en la Dirección de Inspección y Vigilancia. Se refiere a la salida de 105 inspectores que, inicialmente, se anunció como despidos ("separaciones definitivas") por actos de corrupción, y que luego se varió en su abordaje para decir que aún no habían sido cesados.
 
Al mismo tiempo, hizo ver la regidora, la autoridad municipal informa que las plazas ya fueron ocupadas por personas que estarán a prueba por 30 días, lo que es difícil de entender si los otros inspectores no han sido despedidos formalmente.
 
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA