Policía comunitaria busca coordinación y no autodefensa

GUADALAJARA, JALISCO (26/FEB/2013).- La policía comunitaria que busca conformarse en la comunidad nahua de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, no se compara con los grupos de autodefensa armados que han surgido en diferentes puntos del país, aclaró el diputado local de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich. Explicó que la labor del grupo principalmente es contar con el reconocimiento de las autoridades y realizar acciones de prevención, además de que no estarán armados: “Lo que hace es proteger a la propia comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres, de hecho la particularidad de la policía indígena es que busca reeducar antes que castigar”.

La propuesta de la policía comunitaria de los nahuas de Ayotitlán surgió del consejo de mayores —al igual que en otras entidades del país—  que sienten que existe una “incapacidad  del propio estado en general para poder ofrecerles seguridad a sus ciudadanos y se buscan alternativas”. Así, la labor del Congreso del Estado es encontrar la figura jurídica para el funcionamiento de la policía comunitaria.

A mediados de enero, se cotejó la posibilidad de conformar una policía comunitaria en Ayotitlán, para lo que se instaló un comité el 11 de febrero pasado. Desde entonces, la labor de los promotores es convencer a la comunidad y a las autoridades municipales de que el modelo es viable.

La policía sería preventiva, “que no suple a las otras fuerzas del orden pero que sí tiene la posibilidad de coordinarse con la policía municipal, la policía estatal y la policía federal. Busca sobre todo generarle confianza a la sociedad, a su propia comunidad, de que no va a haber una persecución contra los miembros de la comunidad indígena”.

El próximo 14 de marzo, diputados se reunirán nuevamente con los indígenas nahuas para revisar los avances en la socialización de la propuesta y en el marco para implementarla, recordó Castañeda: “En este caso, la policía comunitaria como figura de justicia alternativa debe estudiarse con mucha responsabilidad”, concluyó el diputado.

El marco jurídico para la policía comunitaria se establecerá a partir del artículo 2 Constitucional, que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para “aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación de sus conflictos internos”, entre otras garantías.