Pide IP justicia en juicio contra ex funcionarios de Puerto Vallarta

GUADALAJARA, JALISCO.- Representantes del sector privado de Puerto Vallarta exigieron hoy aquí al Congreso de Jalisco, una resolución justa en el juicio político que se sigue a ex funcionarios del ayuntamiento de ese centro turístico.

En rueda de prensa, presidentes en Puerto Vallarta de la Canaco, Servytur, Consejo Empresarial, Asociación de Hoteles y Moteles, así como el representante del Centro Universitario de la Costa, coincidieron en que este asunto debe resolverse con total legalidad.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Oscar Rivero, pidió a los diputados que actúen como representantes ciudadanos, dejando de lado intereses partidistas, en el juicio político que este 19 de agosto deberá quedar resuelto.

Recordó que mañana martes se erigirá el jurado de procedencia en el juicio político que se sigue al ex presidente municipal de Puerto Vallarta, el priísta Gustavo González Villaseñor, y ex regidores.

Consideró que los legisladores deben actuar con total legalidad contra estos ex funcionarios que otorgaron permisos de construcción en forma ilegal, al autorizar cambios de uso de suelo y expedición de licencias en contravención a lo establecido por la ley.

Refirió que la asociación que preside, presentó ante el Congreso de Jalisco una denuncia de juicio político el 17 de octubre de 2006, en contra del ex alcalde y otros 11 regidores y ex funcionarios de la administración 2004-2006.

Añadió que promovieron el juicio por la construcción de dos desarrollos: el Península Tower y el Grand Venetian, pero aseguró que también esa administración municipal otorgó otros 71 permisos en forma ilegal para la construcción de condominios.

El presidente del Consejo Empresarial de Puerto Vallarta, Abel Villa, aclaró que sólo se pudo denunciar respecto de los proyectos en mención porque no tuvieron en ese momento acceso a la información de los 71 permisos e ilegales cambios de uso de suelo autorizados en la última semana de esa administración.

Subrayó que piden a los diputados dar ejemplo de que en Jalisco sí existe el Estado de Derecho, en donde si un servidor público abusa del poder y actúa de manera negligente en perjuicio de la ciudadanía, deberá responder de sus actos, sin dejar que la impunidad prevalezca.