Olvidan organismos anticorrupción

GUADALAJARA, JALISCO (18/SEP/2014).- Los gobiernos federal, estatal y municipales tienen deudas pendientes y retrasan la puesta en marcha de organismos que combatan de forma especializada la corrupción, un delito que se ubica en el segundo lugar entre los problemas que más preocupan a los jaliscienses, de acuerdo con la última encuesta del Inegi.

La propuesta para establecer una Comisión Anticorrupción y Ética Pública en Jalisco, planteada en el Plan Estatal de Desarrollo, sigue en el tintero, mientras la iniciativa de la diputada Celia Fausto para una Fiscalía en la materia está atorada en el Congreso.

La Cámara de Comercio de Guadalajara ya reveló que, tan sólo en el comercio ambulante, se reparten 940 millones de pesos anuales en actos de corrupción distribuidos entre dueños de espacios, líderes sindicales e inspectores de los ayuntamientos de la metrópoli.

Tras la reforma a la estructura administrativa del Gobierno de Jalisco en 2013, recae en la Fiscalía General la obligación de promover una cultura de la denuncia contra la corrupción. Si bien para la investigación y persecución de este delito se debe contar con una Unidad de Investigación, ésta permanece acéfala.

En el panorama estatal sólo existe una Oficina de Combate a la Corrupción en uno de los 125 ayuntamientos: Guadalajara. El problema es que sólo cuenta con 10 integrantes para combatir anomalías entre los 12 mil burócratas y no tiene atribuciones para sancionar. Es más, su trabajo se ha visto disminuido: de atender mil 044 en 2011 pasó a 395 quejas en 2013, a pesar de los escándalos por la presunta corrupción en Panteones e Inspección y Vigilancia, incluyendo la inhabilitación de la regidora Elisa Ayón.

En junio de 2013, José de Jesús Sosa López, responsable de la dependencia tapatía, declaró que trabajaban un mapa de riesgos para detectar a las áreas más proclives a este delito y los resultados se harían públicos entre julio y octubre del año pasado. La novedad es que todavía no concluyen.

A nivel federal, días después de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto anunció que presentaría en el arranque de su Gobierno la creación de una comisión nacional anticorrupción, pero sigue frenada en el Congreso de la Unión. En el Senado se informa que hay dos escenarios: que no se apruebe y se le den mayores atribuciones a la Función Pública, o que se autorice y desaparezca esta última dependencia.

“El problema es que no hay una agenda nacional, cada Gobierno (federal, estatal o municipal) busca combatir la corrupción de diferente modo”, lamenta Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, “un organismo de este tipo sólo funcionará si es parte de una política de Estado”.

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) la corrupción es un delito que frena el desarrollo económico y social.