Juez pide al gobernador que intervenga en deuda del Congreso

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2012).- Ante la falta de recursos del Congreso del Estado para enfrentar su adeudo con la consultora López Castro y Compañía desde 2009, el juez quinto de distrito en materia civil de Jalisco requirió la intervención del superior jerárquico del titular de la Secretaría de Finanzas, es decir, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, para que haga frente al pago por 58 millones de pesos.

De acuerdo con la notificación de la autoridad judicial, que se remitió a la Secretaría de Finanzas y al Congreso del Estado, no es la primera vez que se solicita la intervención de esa dependencia, por lo que ahora tratarán de que el gobernador responda a la resolución del juez que determinó que el Congreso debe pagar el adeudo.

El documento señala que se le dará cuenta a Finanzas para que dentro del término de 24 horas —el documento fue recibido en el Congreso el 22 de junio— informe si en la partida presupuestal que administra del Congreso dispone de lo suficiente para cumplir con la ejecutoria de amparo. Si hay dinero, “deberá dejar a disposición la cantidad que debe pagar”; de lo contrario, pide que expliquen las gestiones que se hacen para cumplir.

El texto señala que, en caso de que no se cumpla la resolución del juez, se insistirá en el pago del recurso recurriendo a los superiores jerárquicos de cada área. Y en caso de no encontrar respuesta, el caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su sesión plenaria de ayer, el Congreso avaló solicitarle al gobernador que aporte recursos para hacer frente al adeudo con López Castro y Compañía. El dictamen pide una ampliación presupuestal, aunque el contenido sufrió modificaciones.

El texto final, aprobado por unanimidad, pide al gobernador “que presente una iniciativa de decreto para modificar el presupuesto de egresos de Jalisco para el ejercicio fiscal 2012, en la que se autorice una transferencia, ampliación o reasignación presupuestal para el Poder Legislativo para el presente ejercicio fiscal”.

Los diputados insisten en el texto, aprobado por los integrantes de la Comisión de Administración, en que su presupuesto es menor “a las necesidades reales” y que, “al no existir disponibilidad presupuestal” para pagar “pues todos los recursos se encuentran comprometidos (...) resulta necesario solicitar el apoyo del Poder Ejecutivo, pidiéndole autorice ampliar el presupuesto autorizado para el Poder Legislativo para el ejercicio fiscal en 58 millones 66 mil 183 pesos”.

LA CORTE INSTRUYÓ A SUSPENDER EL PROCESO
Desafiantes, diputados mantienen a consejeros de la Judicatura

A pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que instruyó a los diputados a suspender el proceso para elegir a dos nuevos consejeros de la Judicatura, los diputados determinaron que esos funcionarios deben permanecer en el cargo hasta en tanto la Corte no se pronuncie en otro sentido, y argumentan que la resolución llegó al Congreso cuando los consejeros ya habían sido nombrados.

El pleno del Congreso del Estado dio cuenta de la resolución de la SCJN, que instruyó suspender el proceso de selección y de nombramiento de dos integrantes del Consejo de la Judicatura.

El diputado presidente de la Comisión de Justicia, Luis Armando Córdova Díaz, reconoció que propuso a la Junta de Coordinación Política del Congreso que se declarara inválido el acto en el que se tomó protesta a los dos consejeros, Alfonso Partida Caballero y Carmela Chávez Galindo.

Córdova Díaz recordó que los legisladores están reponiendo un proceso de selección de consejeros de la Judicatura por resolución de la Corte ante la determinación de los ministros de dejar sin efectos la sesión del pasado 23 de agosto.

No obstante, la Junta de Coordinación Política remitió a la Mesa Directiva la resolución de la Corte e instruyó a los legisladores integrantes que respondieran a la resolución de la SCJN.

El coordinador de los legisladores tricolores, Roberto Marrufo, insistió en que se trata de un hecho consumado, por lo que no existe resolución de la Corte que pueda echar abajo los nombramientos de ambos consejeros.

Sin embargo, de acuerdo con la resolución de la Corte, de la que este medio posee una copia, la ministra Olga María Carmen Sánchez Cordero refiere que la resolución podría surtir efectos desde el 26 de junio, por la mañana cuando resolvió la ministra.

La sesión extraordinaria en la que el pleno del Congreso nombró a ambos consejeros de la Judicatura se llevó a cabo al mediodía de ese 26 de junio; es decir, horas después que la ministra elaborara la resolución a la controversia constitucional presentada por el presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez.

En la controversia, el magistrado Celso Rodríguez cuestiona la excesiva intervención del Poder Legislativo en un órgano del Poder Judicial.