Jalisco, 100 años atrás en materia de impartición de justicia

GUADALAJARA, JALISCO.- En Jalisco vamos 100 años atrás en materia de impartición de justicia, revela el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ), Celso Rodríguez González, después de rendir su informe anual de actividades ayer en el patio central del Palacio de Justicia.

En ese sentido, explica el presidente, la Ciudad Judicial vendría a solucionar espacios dando más eficiencia al desahogo de la justicia. Negó que el presupuesto etiquetado para la Ciudad Judicial sea de mil millones de pesos (MDP), como lo reclaman algunos diputados.

“Hubo un crédito de 325 millones, que es el que se está gastando, y nada más se están asignando 100 millones, entonces no es un dineral, sino que al contrario, sí ocupamos recursos y también decir que invertir en la impartición de justicia es como invertir en la salud, es como invertir en la educación y en la seguridad pública. Es importante para la trascendencia y el equilibrio de los otros dos poderes y, sobre todo, para el desarrollo del Estado”.

“Entonces no es posible que Jalisco, el segundo o el tercer Estado más importante económicamente y territorialmente hablando, no tenga los avances en justicia como lo tienen otros estados”.       

Aunque destacó la aprobación de la Ley de Justicia Alternativa, que disminuiría considerablemente procedimientos judiciales y las cargas de trabajo de los tribunales, reprochó al Congreso el que hasta el momento no haya designado al director del Instituto de Justicia Alternativa, lo que ha impedido el ejercicio de su presupuesto previamente asignado, y solicitó el apoyo del Poder Legislativo y del Ejecutivo para participar en el nombramiento de dicho director.

Reconoció el impulso dado por el gobernador, Emilio González Márquez, al proyecto de la Ciudad Judicial, que contempla espacios para una adecuada impartición de justicia de primera instancia en
varias materias, y que en su última etapa incluiría el equipamiento de salas con audio y video que serán destinadas a los juicios orales, una vez que el Congreso apruebe la reforma en dicha materia.