Inician procesos administrativos a dos funcionarios irregulares en Tonalá

GUADALAJARA, JALISCO.- Después de un año de cobrar como abogado, pero sin trabajar, en el Ayuntamiento de Tonalá, Alejandro Loza; y Federico Valeriano, director del Registro Civil del municipio, y también juez municipal en Zapopan, serán sometidos a un proceso administrativo por no dar el cien por ciento al municipio.

El síndico municipal, Leonel Andrade Padilla explicó que en el caso de Alejandro Loza, desde diciembre de 2007 no se le ha visto laborando dentro del Ayuntamiento, y el cobrar un sueldo representa una falta grave, por lo que dijo que a pesar de no contar con la indicación del mandatario tonalteca, Agustín Ordóñez Hernández iniciará en proceso administrativo en contra del abogado.

“Efectivamente él estuvo trabajando aquí. Entró por un espacio de dos meses y posteriormente fue invitado por el licenciado Jorge (Vizcarra) para que trabajara como asesor, pero al momento de que el licenciado Jorge dejó la administración, dejé de verlo”.

Andrade Padilla indicó que él tenía conocimiento de que el abogado y asesor del ex mandatario tonalteca, Jorge Vizcarra Mayorga, había renunciado, por lo que mostró extrañeza de que él siguiera recibiendo su pago mensual.

Ante esta situación, el defensor del municipio precisó que Alejandro Loza incurre en una ilegalidad, la cual deberá ser sancionada con su salida.

“Iniciaremos un procedimiento legal, para quitarlo o destituirlo por estar ocupando un espacio en la nómina y sin estar trabajando”.

Alejandro Loza ingreso al Ayuntamiento de Tonalá en el tiempo de Vizcarra Mayorga, para ocupar el lugar de abogado dentro de la Dirección de Jurídico con un contrato de dos meses. De ahí lo cambiaron al área de Sindicatura para finalmente quedar como asesor del ex primer edil tonalteca.

Por su parte, el presidente municipal interino de la Cuna Alfarera, Agustín Ordóñez Hernández aseguró desconocer el caso del también irregular “dobletero” y director del Registro Civil, y juez municipal en Zapopan, Federico Valeriano, explicó que éste tiene un contrato que al decidir sacarlo de la administración se le deberá pagar una indemnización.

Por lo pronto, a los dos servidores públicos se les inició el proceso administrativo para recaudar las pruebas que comprueben si existe ilegalidad en sus funciones municipales.