Guadalajara colaborará contra lavado de dinero

GUADALAJARA, JALISCO (16/SEP/2013).- El Ayuntamiento de Guadalajara quiere sumarse de lleno a las labores federales de prevención y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, o lavado de dinero, a través de un convenio de colaboración a establecerse con la recién creada Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
El autor del planteamiento es el síndico y responsable del aparato jurídico del Ayuntamiento tapatío,  Luis Ernesto Salomón Delgado, quien cuenta ya con un proyecto de convenio con la instancia federal, y que tiene como objetivo central "facilitar la consulta directa de información que pueda estar relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se encuentre en las bases de datos del municipio de Guadalajara".
 
"Lo que estamos proponiendo es un esquema de cooperación con los trabajo de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, para el cumplimiento de sus funciones", explica en entrevista, "¿Qué es esto? Es información, es decir, permitir que los mecanismos de consulta que ellos tengan, encuentren caminos fluidos para que el Ayuntamiento pueda enterar información en ese sentido. Y al final, es un gesto o una actitud que debemos de tener todos con el Gobierno federal y con el Gobierno del Estado cuando se trata de encaminar esfuerzos y coordinarnos para que lo resultados sean mejores".
 
En el sexenio anterior, de 2007 a 2012 (a su primer semestre), Jalisco se ubicó como la quinta entidad federativa con la mayor incidencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita investigadas por la PGR, con 57 averiguaciones previas, sólo debajo de Sinaloa (357); Sonora, (120); Baja California Sur (99); y Tamaulipas (63). El Ministerio Público federal persiguió dos mil 326 de estos delitos en todo el país, sólo mil 025 están categorizados territorialmente por entidad federativa (EL INFORMADOR 5/FEB/2013).
 
El lavado de dinero está definido como el "procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente (Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo)".
 
Apunta el síndico de Guadalajara: "Realmente el flujo de estos recursos encuentra espacio muchas veces en zonas de las más inesperadas de la economía y de las actividades productivas, de manera que será la Procuraduría la que, a través de sus actividades, vaya determinando qué información (de Guadalajara) necesita.  El Ayuntamiento tiene una información muy interesante sobre el funcionamiento de giros comerciales, sobre el funcionamiento de unidades económicas, tenemos información sobre propiedad inmobiliaria, predial, en fin, es información que, incluso de acuerdo con la ley, la Procuraduría tiene facultades suficientespara poder investigar y pedírnosla, de hecho, lo que se hace es simplemente establecer un mecanismo para agilizar la comunicación y mostrar disposición para eso: hacer rápidos y ágiles los procedimientos para apoyar estas tareas".
 
Es decir, lo que refiere el síndico es que la Unidad Especializada en Análisis Financiero, creada por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, expedida el 17 de octubre de 2012, está de por sí facultada para "Establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las bases de datos de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, para la planeación del combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículo 8, fracción VIII)", y también para "requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de Gobierno (fracción X)".
 
Por eso, de lo que se trata es que esta colaboración obligada entre la PGR y el gobierno de la segunda ciudad más importante del país, sea eficiente, con un intercambio veloz de información. En octubre de 2012 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno federal, estimó en 10 mil millones de dólares el blanqueo de fondos que se da anualmente en México, más de 129 mil millones de pesos que fortalecen las estructuras financieras de las organizaciones criminales, y su poder de reclutamiento, de adquisición de armamento, vehículos y tecnología, y para corromper autoridades. Esto equivale al 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional (en Estados Unidos el problema  representa el 1.36% de su PIB).
 
La necesidad de que Guadalajara, por tanto, forme parte de esta cooperación interinstitucional contra el lavado de dinero, argumenta Salomón Delgado, se encuentra en que "al coadyuvar con las investigaciones que realice la Unidad Especializada de Análisis Financiero, en materia de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita, se logrará atacar el elemento más importante que sostiene a la delincuencia organizada de nuestro país, que es el ingreso económico".
 
En julio y octubre de 2012, por ejemplo, el Departamento de Tesoro estadounidense apuntó la existencia de una red corporativa deempresas dedicadas a la administración de propiedades y bienes raíces, con presencia en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco deZúñiga, y que ligaba con José Esparragoza Moreno, alias "El Azul", uno de los líderes del Cártel de Sinaloa (o del Pacífico).
 
A nivel nacional, por otra parte, también se han difundido casos de grupos criminales que, a través de las empresas que crean para el lavado de dinero, se interesan por los presupuestos millonarios de obra pública de los municipios. Se le pregunta al síndico de Guadalajara qué tan vulnerable encuentra al Ayuntamiento tapatío en este sentido:
 
"En lo personal no considero que, dada la normatividad y la operación madura que tiene el Ayuntamiento, sea (la obra pública) un área vulnerable, (pero) todo es posible, porque la sofisticación a veces es muy grande; yo identifico también actividades donde quizá el tema del contrabando, de las actividades con mercancías que fueron sustraídas ilícitamente a sus propietarios, esas actividades quizá son más sensibles en este momento que otras, es lo que yo percibo. Si tenemos una parte muy grande de la economía en la informalidad, pues es precisamente en esa parte de la economía informal donde quizá haya más fragilidad y que se requiere tener mayor control".
 
Esto es, como las competencias con las que fue creada la Unidad Especializada en Análisis Financiero, se dirigen a los "delitos fiscales", sus investigaciones también pueden encaminarse hacia las actividades económicas en la informalidad de la ciudad.
 
"Evidentemente ahí tenemos algunas actividades que son presumiblemente vinculadas a la comisión de delitos, como la venta de artículos robados, el tema de la comercialización de productos de la salud (como la que se da en el Barrio de El Santuario), comercialización de productos que no pagan derecho de autor o propiedad intelectual, todo esto pues son actividades que están algunas del lado de lo lícito, otras en el límite, y otras en el lado de lo ilícito, son actividades que se desarrollan en prácticamente todo el país y Guadalajara no es la excepción".
 
La intención es que el convenio entre el Ayuntamiento tapatío y la PGR se pueda formalizar a través de su delegación en Jalisco, que tiene al frente a Gerardo Octavio Solís Gómez. En el Estado, por cierto, de los 57 casos de lavado de dinero investigados por el Ministerio Público federal y referidos aquí, sólo nueve fueron consignados, es decir, menos de una décima parte. La Fiscalía General ya cuenta con una Unidad de Investigación contra Recursos de Procedencia Ilícita, aunque el delito sigue sin tipificarse en el fuero común.
 
EL INFORMADOR/ LUIS HERRERA