Esta semana pagan a ex supernumerarios del Congreso local

GUADALAJARA, JALISCO (15/ABR/2013).- Ex empleados del Congreso local debieron esperar siete meses para cobrar los salarios que les correspondían en septiembre y octubre del año pasado. Son 480 ex trabajadores de la LIX Legislatura que estaban contratados bajo el esquema de supernumerarios, y que se manifestaron en el patio del Congreso en octubre del 2012 a la espera de que los ex diputados o los actuales les pagaran los sueldos devengados.
 
Días antes de iniciar la actual Legislatura, el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso, se comprometió a liquidar esos adeudos en noviembre del 2012, cuando asumió el cargo de coordinador parlamentario; la promesa no se pudo cumplir por falta de suficiencia presupuestal.
 
Siete meses después, la presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto Lizoala, anunció que este miércoles se elaborarán cheques por un monto de 25.5 millones de pesos para pagarles a los casi 500 empleados que no recibieron prestaciones y vacaciones que se les adeudaban; no obstante, la legisladora del PRD reconoció que existirá una condicionante para el pago de adeudos a los ex empleados: se les pedirá que se desistan de las  demandas laborales que hayan interpuesto en contra del Congreso.
 
De acuerdo con estimaciones de la presidenta de la Comisión de Administración son cerca de 180 los ex trabajadores que mantienen quejas en contra del Congreso en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
 
"Debemos elaborar los formatos de los finiquitos de 480 supernumerarios, por ello pagaremos hasta el miércoles. Sabemos que hay casos que nos demandaron ante el Tribunal de Escalafón, por lo que pediremos que acuda personal del Tribunal para que firmen el desistimiento y entreguemos los finiquitos. Pediremos que se desistan y que el Tribunal sea testigo", advirtió la presidenta de la Comisión de Administración.
 
La diputada añadió que el monto que se destinará para el pago de sueldos a ex empleados supernumerarios podría ser menor, debido a que algunos empleados tienen préstamos que adeudan y en otros se detectaron irregularidades en el proceso de entrega recepción, por lo que podrían retener recursos de sus salarios.
 
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ