El Congreso ya llevó a la PGR el caso de la deuda del Gobierno estatal

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUN/2012).- El Congreso de Jalisco interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Emilio González Márquez; el secretario de Finanzas, Martín Mendoza, y quien resulte responsable de violentar la legislación vigente, indica, al modificar “motu proprio” las bases, montos y condiciones de un crédito por hasta cinco mil 500 millones de pesos, sin la autorización previa del Poder Legislativo.

La denuncia fue interpuesta por un acuerdo de la Junta de Coordinación de Política, que instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso para que actuara en consecuencia.

El crédito fue autorizado el 2 de diciembre de 2008 mediante el decreto 22557/LVIII/08, para que el Poder Ejecutivo lo contratara por hasta cinco mil 500 millones de pesos pagaderos a un plazo no mayor a 25 años, y quedó concretado con Banamex el 7 de agosto de 2009.

“En el mes de julio de 2010, por ‘motu proprio’ realizó el Poder Ejecutivo un acuerdo modificatorio con el argumento de que mejorarían las tasas de interés, pero, a su vez, amplían el periodo de gracia donde la actual administración estatal no desembolsaría recursos para abonar a capital, para empezar a pagar dicha deuda hasta el 29 de febrero de 2012 y no el 31 de agosto de 2010, como inicialmente se había estipulado en el citado contrato de crédito, esto es, 18 meses después a lo que se había pactado, por lo que es claro que el retraso de un año y medio les representó cambios en el ejercicio financiero anual de los años 2010 y 2011 del Gobierno del Estado y dejan los denunciados una mayor deuda a las siguientes administraciones estatales”, indica la denuncia.

El documento añade que los denunciados, una vez más “motu proprio”, el 6 de febrero de 2012, realizaron una segunda modificación al crédito contratado sobre nuevas bases, montos y condiciones sin la autorización del Poder Legislativo del Estado, “cuestión que, a pesar de las argumentaciones para justificar su discrecional y unilateral modo de actuar, sin lugar a dudas es completamente ilegal y violatoria de los artículos 35 fracción VI de la Constitución Política del Estado, 11 y 12 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios”.

De acuerdo con el director jurídico, Antonio Rocha Santos, en la denuncia se especifica que el Ejecutivo debió solicitar autorización del Legislativo y dar oportuno aviso fundado y motivado del cambio de las condiciones.

La denuncia señala además que el Congreso fue enterado, pero en abril de 2012, 20 meses y medio después. Por eso, considera que existió abuso de autoridad del Ejecutivo estatal y del secretario de Finanzas y solicita a la PGR que en su caso se realice el juicio de procedencia penal ante el Congreso de la Unión y se haga del conocimiento de la Procuraduría de Justicia del Estado.