El CEF incurre en el ''abandono institucional''

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUN/2013).- En seis de 13 recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) al Consejo Estatal de Familia (CEF), en el periodo 2007-2013, el común denominador a la violación a los derechos es el "abandono institucional", propiciado por la desatención a niños depositados en albergues, comenta Fernando Zambrano Paredes, coordinador general de seguimiento de la CEDHJ.

Es el caso de las recomendaciones 10, 13 y 24 del 2011, las número 18 y 30 del 2012, y la siete del 2013, en las cuales no se realizaron acciones para registrar a menores de edad que se encuentran bajo su custodia, no verificaron el bienestar físico, emocional y su situación jurídica.

Indica que la mayoría de éstas han sido aceptadas; sin embargo, hay pendientes importantes por cumplirse: "Es necesario que tengan instalados protocolos para aquellos niños, que por mandato judicial, tengan que ser separados de sus padres, es decir, que los menores reciban una atención integral; además de que se realicen visitas a casas hogares tanto públicas como privadas en las que se encuentran albergados los menores, para proporcionarles atención médica y psicológica".

Asimismo, Zambrano Paredes lamenta que, a la fecha, el CEF no tenga un padrón confiable en el cual se establezca con claridad cuántos menores tienen bajo su custodia, situación jurídica, entre otras cosas, pero confía que con el reglamento interno publicado en el Diario Oficial del Estado de Jalisco, el pasado sábado ocho de junio, muchas de las violaciones a los derechos se minimicen toda vez que estén reguladas las atribuciones de cada una de las áreas de la dependencia.    

No obstante, señala que se deben redoblar esfuerzos, pues en el CEF hace falta que se dote de recursos humanos y materiales para poder llevar a cabo la encomienda.

El funcionario manda un llamado para que el consejo "se realice como cualquier dependencia pública, y lleven a cabo su encomienda cumpliendo con el principio de legalidad y seguridad jurídica que establece la constitución política".

EL INFORMADOR / ROBERTO ALARCÓN