Diputados insisten en vía jurídica para no pagar a López Castro

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2013).- El conflicto legal que enfrenta el Congreso local por una demanda presentada por el despacho López Castro revivió.
 
En sesión extraordinaria el presidente del Congreso, Enrique Velázquez, presentó un informe donde expuso a detalle la ruta jurídica que ha seguido este caso y el proceso que siguen las demandas y contrademandas presentadas por ambas partes.
 
A manera de conclusión, el legislador perredista, señaló en tribuna que la actual Legislatura llevará hasta sus últimas instancias legales el proceso para el no pago a la empresa, con el argumento principal que la Consultora López Castro y Compañía nunca generó beneficios económicos al Legislativo a pesar de demandar un pago por servicios profesionales por 58 millones de pesos.
 
PRI sigue su ruta de defensa
 
De manera paralela, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Miguel Castro Reynoso dio a conocer que hace unos días, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil avaló la petición del priista para demandar la nulidad del convenio firmado por los ex diputados de la pasada Legislatura que reconocieron el adeudo con López Castro, pero también, el legislador dijo que pretende ir al fondo del problema, que implica dar marcha atrás al contrato inicial que se hizo con el despacho López Castro en la 58 Legislatura.
 
De darse un fallo definitivo, el líder parlamentario del PRI advirtió que las instancias correspondientes podrían requerir que los responsables reembolsen al Legislativo los 58 millones de pesos y ello podría significar incluso un embargo en contra de ex secretarios de la 58 Legislatura.
 
"Esta resolución le da la razón al Congreso, podría haber procesos de embargo y el objetivo es revertir el proceso. El tema se aborda en la lógica a los diputados de la 59 legislatura se les demanda la nulidad y a los secretarios de la 58 se les demanda el pago", señaló Castro Reynoso.
 
El priista explicó que el proceso sigue, no es definitivo pero adelantó que por el momento con esta resolución queda suspendida la resolución que exige al Congreso el pago a López Castro.
 
Reparten culpas
 
Luego de que el presidente del Congreso, Enrique Velázquez, presentó el informe de la situación que guarda el caso López Castro y que anunciara que darán la pelea legal para no pagar los 58 millones de pesos, diputados de diferentes fracciones parlamentarias fijaron su postura.
 
El diputado del PAN, Víctor Manuel Sánchez Orozco, recordó que está por resolverse una demanda que interpuso para no pagar a la consultora, el legislador también panista, Alberto Esquer pidió que se instalara una Mesa Especial de seguimiento y que se informe a los 39 diputados de cómo avanzan las demandas; pero fue el diputado del PRI, Roberto Mendoza quien puso nombre y apellido al presunto responsable del convenio que mantiene al Congreso metido en el conflicto legal.
 
Señaló que fue el ex secretario General del Congreso, el panista, Alfredo Argüelles Basave, quien originó el problema por haber contratado al despacho y demandó que hiciera frente a los señalamientos.
 
En tanto, el panista Gildardo Guerrero acusó que entre los responsables debe incluirse al ex diputado priista, y actual alcalde de Tonalá, Jorge Arana y desvió la atención, señaló que está pendiente por resolverse las contrataciones de otros despachos como el de Ola Outsourcing y SAE, de estas anomalías reiteró sus acusaciones en contra de los ex secretarios, Carlos Corona y José Manuel Correa.
 
"Nos falta incluir al presidente de Tonalá, Jorge Arana porque él también está embarrado porque fue presidente de la Comisión de Administración (en la 58 Legislatura), la justicia no puede ser selectiva, también Jorge Arana debe responder. Parecen que buscan chivos expiatorios y dicen: hágase la voluntad de dios en los gueyes de mi compadre. Jorge Arana tiene que venir a responder y si es necesario iniciar un proceso de desafuero lo iniciaremos", expuso el líder de los diputados de Acción Nacional.
 
En tanto, el líder de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañedo señaló que el contrato con López Castro fue un mal contrato y lo calificó como un "desfalco que se debe revertir".
 
Argumentos presentados para no pagar a López Castro
 
-El objeto del contrato de prestación de servicios es ilegitimo.
 
-La Comisión de Administración de la 58 Legislatura no realizó proceso de licitación para contratar al Despacho.
 
-El secretario General, (Alfredo Argüelles) excedió los términos y generó una expectativa de derecho a la empresa de Consultoría.
 
-La Mesa Directiva de la 59 Legislatura (presidida por Enrique Aubry) que puso fin al conflicto legal conveniando con la empresa carecía de atribuciones legales para terminar con el juicio.
 
Para saber
 
El diputado del PRI, a título personal presentó, el pasado 27 de junio, una demanda ante un Juzgado de Distrito para combatir la resolución que obliga a los diputados a pagar 58 millones de pesos, el Juzgado le dio la razón hace unos días.
 
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ