Diputados aplazan de nuevo resolver caso del auditor

- Diputados, sin definir el futuro del auditor

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUN/2011).- Debido a la falta de consenso entre los partidos, los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco avalaron por unanimidad posponer una vez más la aprobación del dictamen que definiría la salida o permanencia de Alonso Godoy Pelayo en el cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), a quien se le señala por haber recibido 9.8 millones de pesos de manera extraordinaria a su salario.    
 
El presidente de dicha comisión, Salvador Barajas del Toro, reconoció la falta de acuerdos y fijó un nuevo plazo fatal para resolver el caso, el miércoles 22 de junio, un día antes de la sesión plenaria en el Congreso local.  

“Solicitamos una ampliación del receso porque nos da la facultad el reglamento de la Ley Orgánica del Legislativo, debido a que en las propuestas del dictamen que hemos discutido con los integrantes de la comisión no hay consenso para que este tema sea votado”, expuso.

Barajas del Toro advirtió que de no llegar a acuerdos, él, en su calidad de presidente, someterá a revisión en la comisión de Vigilancia las tres propuestas que hasta ahora se analizan:  

1. La salida inmediata del auditor Godoy Pelayo, ya que los diputados alegan pérdida de confianza.  

2. Su permanencia, argumentando que no existe irregularidad en la entrega del recurso extraordinario a su salario.

3. Que conserve su puesto, siempre y cuando reintegre los 9.8 millones de pesos que le fueron entregados durante la pasada Legislatura.

“Indiscutiblemente que las dos (propuestas) con mayor posibilidad de que lleguen al pleno es que se vaya o que se quede, la posibilidad de que reintegre el dinero no ha sido de mucho agrado a los integrantes de la comisión, y son estas dos posturas las que no han logrado un consenso”, explicó Salvador Barajas.   

El legislador priista reconoció que en caso de que los diputados se decanten por la destitución, el Congreso corre el riesgo de perder ante los tribunales en el supuesto de que el auditor alegue despido injustificado, lo que implicaría para el Legislativo erogar una cifra millonaria en caso de que el tribunal le dé la razón.    

“Cada una de las tres posibilidades que he planteado cuenta con diputados a favor y en contra, pero reitero que al no haber el consenso para elaborar el dictamen, buscaremos votarlo más adelante”, finalizó.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ