Blindaje electoral queda sólo en discurso

GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2014).- En el discurso, los partidos se han pronunciado por garantizar que sus candidatos a la elección de 2015 no estén involucrados con el crimen organizado, para evitar que se repita en Jalisco un caso como el de Iguala, Guerrero. Sin embargo, en los hechos no van más allá de un compromiso de “buena voluntad” y evitan una acción tangible de blindaje, como la publicación de las declaraciones patrimoniales o la aplicación de pruebas de control de confianza, que incluyen exámenes toxicológicos, psicológicos, médicos, poligráficos y socioeconómicos.

Mientras especialistas reconocen que los requisitos legales para ser candidato son insuficientes para evitar la infiltración del crimen, para el líder panista en Jalisco, Gustavo Macías, la revisión patrimonial tendría que someterse a la voluntad del precandidato. Hugo Contreras, dirigente del PRI, coincide: “Los partidos no podemos ir más allá… no hay una estrategia definida, pero sí una voluntad de blindar el proceso”. La propuesta de Movimiento Ciudadano es “hacer un examen de conciencia interno para analizar los bienes de quienes sean perfilados”, responde Hugo Luna. Por su parte, el perredista Juan Carlos Guerrero afirma que su partido no tendría problema en publicar el patrimonio de aspirantes. En Michoacán ya se propone la creación de una fiscalía especializada para el blindaje de candidatos. A nivel federal, el representante de Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral, Francisco Gárate, pidió que los precandidatos y candidatos entregaran sus declaraciones patrimoniales y de impuestos, así como un examen toxicológico, aunque la iniciativa fue rechazada porque la ley no prevé esas obligaciones. Es decir, se requieren reformas.

El ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, apunta: “Si va contra la ley obligar a la entrega de las declaraciones patrimoniales y hacerlas públicas, los partidos podrían no negarles el registro, pero podrían comprometerse a publicar (los nombres) de los que sí transparentaron y quiénes no”.

Aunque se aseguró que en Jalisco se firmaría un acuerdo para el “blindaje” de la elección entre el Gobierno estatal y los partidos, todavía no hay señales. El pasado miércoles, el gobernador Aristóteles Sandoval aseguró que emprendería acciones para evitar que el crimen organizado se infiltre en cargos de elección popular. La propuesta es que, a través de la Fiscalía General, se investigarían los antecedentes de los aspirantes. Pero reconoció que se trata de un acto de buena voluntad.

Hay un dato que exhibe la opacidad de candidatos: en 2012, el otrora IFE instaló en internet un espacio para que los partidos difundieran los datos curriculares de sus candidatos; sin embargo, sólo 22% utilizó la plataforma.