Ayuntamiento tapatío cubrirá deuda a Pensiones a plazos

GUADALAJARA , JALISCO (13/DIC/2012).- El Ayuntamiento de Guadalajara firmó un convenio con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), que le permitirá saldar gradualmente, en un periodo de 30 meses, el adeudo que mantiene por 349 millones de pesos, según lo confirmó el presidente municipal, Ramiro Hernández García.  

Tendrá que pagar, sin embargo, una tasa de interés del 10.84%. El primer pago se hará en enero próximo y, de acuerdo con el munícipe, estas erogaciones están ya previstas en el Presupuesto de Egresos de 2013 que se votará el viernes en la sesión de Ayuntamiento.

El monto del adeudo de la autoridad municipal, que comenzó a originarse en julio pasado, cuando optó por dejar de cumplir con sus aportaciones al Ipejal como patrón, y con las que descuenta del salario de los servidores públicos, llevó a que el Instituto suspendiera los préstamos a los que tienen derecho estos trabajadores. Dijo el alcalde sobre ello:

“No va a haber ningún contratiempo para quienes quieran disponer de créditos, si alguien dice que los tiene, que nos avisen”. Se refería a las declaraciones de la secretaria general del Sindicato General, Rosario Prado Macías, quien aseguró que 300 trabajadores ya se han visto afectados pues esperaban obtener un préstamo, y les fue negado por el incumplimiento del Ayuntamiento hacia el Ipejal.

El presidente municipal asevera desconocer el destino que le dio la anterior administración (en ese entonces encabezada por Francisco Ayón López) a los recursos que debió haber canalizado al Ipejal. Todo entra a la bolsa general del presupuesto, dice el alcalde tapatío, por lo tanto, no hay manera de conocer qué se hizo con estos fondos provenientes de los salarios de los servidores públicos.

“No tengo datos al respecto (sobre el fin del recurso), es la masa financiera del Ayuntamiento una sola, y la distribución y uso de los mismos lo hace el área de finanzas (Tesorería), que seguramente se aplicó a cubrir otro tipo de prioridades, pero ahora lo que habrá que buscarse es cumplir con este compromiso”.

En la última evaluación que la calificadora Standard & Poor’s hizo al Ayuntamiento de Guadalajara (y que ocasionó, a la postre, que éste cortara su relación con la misma), se puede leer: “En opinión de Standard & Poor’s, la situación financiera actual refleja una política financiera vulnerable a ciclos electorales, en los que se observan significativos incrementos de gasto, tanto operativo como de inversión, aunado a necesidades estructurales del municipio”.

El alcalde, sin embargo, no quiso hablar de un desvío de recursos por parte de la anterior gestión municipal, también emanada del PRI, y descartó presentar denuncias penales al respecto: “Lo vemos más como un tema de carácter administrativo, un problema de flujo de caja; al final no hay un mal uso de recursos, lo que en este caso ha venido pasando es que se han venido financiando otros rubros de la administración (…) No es precisamente un desvío, responde a las emergencias administrativas que en su momento se han tenido, y que se ha tenido que recurrir a recursos disponibles”.

Por su parte, Rosario Prado Macías, secretaria general del Sindicato Guadalajara, dijo que sí presentará denuncias penales por el desvío de recursos, y anunció también una manifestación contra el Ipejal a mitad de la próxima semana.

Para saber

Además de superar este endeudamiento de la anterior administración con el Ipejal, la actual gestión tapatía tendrá que enfrentar en 2013 un incremento en el pago de la deuda pública bancaria heredada por dos mil 680 millones de pesos, pues tiene que comenzar a cubrir el capital de la misma, y ya no sólo intereses (se acaba el periodo de gracia).

Este gasto pasará de 190 millones 330 mil 975 pesos en 2012, a 280 millones 690 mil 561 pesos en 2013. Habrá que considerar también en el panorama financiero tapatío la estimación que ha hecho su Dirección de Recursos Humanos, sobre los cerca de 140 millones de pesos que podrían costar las liquidaciones a los policías por la depuración policial.

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA