GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2017).- El mediodía de este lunes personal de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguró las instalaciones de las Villas Panamericanas, en la zona de El Bajío, en Zapopan, para llevar a cabo varias diligencias relacionadas con una averiguación previa por presunto desvío de recursos públicos y fraude, entre otros delitos, confirmó la Fiscalía General del Estado.Se trata de la averiguación previa 3791/2015, integrada en la Agencia 13 de Abuso de Autoridad, sobre las Villas Panamericanas. "Aseguramiento que se justificó al advertirse cosas objeto y efecto de los delitos de Peculado, Desvió y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades, Fraude Genérico y Fraude Específico, evitando con ello, que se alteren, destruyan o desaparezcan huellas o indicios que pudieran tener relación con éstos, dentro del complejo citado", detalló la dependencia.Al lugar llegaron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) acompañados del Ministerio Público, el cual mostró una orden de aseguramiento al personal de seguridad privada. Sin embargo hubo resistencia de parte de quienes resguardaban el lugar, indicó el fiscal, Eduardo Almaguer. No obstante, tras comunicarse con el presidente suplente del Comité Técnico se les permitió el ingreso.Fue que se procedió al aseguramiento del inmueble durante el tiempo que dure la diligencia, que será de aproximadamente 48 horas. "El inmueble permanecerá inmovilizado catastralmente para que no pueda ser enajenado, ni traspasado como título a ningún otro particular que pudiera estar involucrado en este proceso que se está llevando a cabo", informó Almaguer.La labor de los peritos es la valuación de inmueble en el que se invirtieron más de mil millones de pesos, la mayor parte del Instituto Promotor de la Vivienda (Iprovipe) y del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, durante la administración del ex gobernador Emilio González Márquez.Denuncia se suma a la de organizacionesPrevio a esta averiguación previa, en 2012 varios organismos ciudadanos como el Parlamento de Colonias, Vecinos de Rancho Contento y Conciencia Cívica, interpusieron la suya, con señalamientos muy similares a los del Gobierno del Estado, advirtió el presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona, en entrevista a un medio local de televisión. "La autoridad estatal tomó cartas en el asunto y decidió interponer otra denuncia que fue acumulada a la nuestra".Además del peculado y desvío de recursos, la denuncia de los organismos incluía señalamientos por delitos ambientales, abuso de autoridad, violaciones al desarrollo urbano y uso indebido de funciones del servicio público.Cosío recordó que las Villas fueron construidas sobre una zona de recarga de mantos freáticos en la que sólo se permite una densidad de población de seis personas por hectárea. En cambio, serían alrededor de tres mil personas las que podrían habitar los 650 departamentos construidos en las 6.5 hectáreas sobre las que se edificaron. Por tal motivo deben ser demolidas, insistió.
