Aseguran no se demolerá caseta de cobro Zapotlanejo-Guadalajara

Aunque costó alrededor de 100 millones de pesos de los que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aún debe 23 millones, la caseta de cobro Guadalajara -Zapotlanejo, que está en funciones desde el ocho de diciembre del 2006, debe ser demolida, de acuerdo con dos órdenes judiciales emitidas al comprobarse que la construcción invade un terreno particular. Para el delegado de la SCT en Jalisco, Reynaldo Guajardo Villareal, "es impensable" la demolición de la obra ubicada en el kilómetro nueve de la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, a unos metros de la desviación a Morelia.
"Estamos en diálogo con el particular, y confiamos en que lograremos un acuerdo en el corto plazo, pero una cosa es segura, la caseta no será demolida, eso no pasará", advirtió el funcionario en entrevista.
El 25 de mayo del 2007, un juez de primera instancia del municipio de Zapotlanejo ordenó la demolición de la estructura y que el terreno sea regresado a Benjamín Pérez de Anda, dueño del predio invadido por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
En la resolución, el juzgado advierte que la construcción se mantendría en pie, si el gobierno federal y el particular logran un acuerdo económico, que hasta este viernes no había sido firmado.
"Se condena a restituir a favor de la actora del predio rústico motivo del litigio, así como también se ordena la demolición de la obra en el descrito en autos y restituirlo al estado en que se encontraba antes de su construcción", se lee en el documento de sentencia.
Meses después de emitida la orden, el 13 de diciembre del año pasado, los tres magistrados de la tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) ratificaron el fallo, que no ha sido cumplido.
Este conflicto legal es resultado de la reubicación de la caseta de peaje, que desde hace más de 15 años se ubicaba en el kilómetro 19 de la autopista, a la altura de Tonalá, y que el 2004 fue motivo de protestas y bloqueos de habitantes de municipios cercanos a la zona metropolitana de Guadalajara porque a ellos se les cobraba como cualquier usuario y exigían una reducción en el pago de 35 pesos.
Al intensificarse las manifestaciones, el gobierno federal decidió construir otra a 10 kilómetros de distancia, ya en el municipio de Zapotlanejo, y demoler la antigua caseta.
El delegado del centro SCT Jalisco aseguró que la dependencia sí indemnizó a una persona por el predio invadido, aunque posterior al pago se descubrió que no era el verdadero dueño.
"La persona que se había ostentado como dueño resultó no serlo, pero ahora que estamos seguros que es el señor Pérez de Anda, estamos por lograr el acuerdo, es prácticamente un hecho", puntualizó.
No obstante, el abogado del afectado, Mario Pizano Ramos, señaló que no existe un convenio con una cantidad de indemnización.
"No se ha firmado un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde se finiquite o se dé por concluido el juicio en relación a la sentencia que ordena la demolición de la caseta, sí ha habido diálogo, pero aún no hay acuerdo en cantidades", señaló.
Entre tanto, Rodolfo Gaspar Echegaray, abogado de Alfra Ingenieros y Flota Constructora, empresas que edificaron la caseta de cobro, aseguró que funcionarios de SCT cometieron irregularidades que ahora mantienen en riesgo una obra de alrededor de 100 millones de pesos, y que no ha sido pagada totalmente.
"Hay irregularidades muy graves cometidas por Jorge Gustavo Ríos Botello (Ex sub delegado de la SCT en Jalisco, ahora funcionario en Sinaloa), hay dos órdenes para demoler esa construcción, mismas que al gobierno federal poco importan", aseveró al mencionar que Capufe debe alrededor de 23 millones de pesos a las empresas que representa.
"Y estamos preparando una queja que presentaremos ante la Secretaría de la Función Pública con el propósito de que sean sancionados los servidores públicos de Capufe y SCT responsables de la invasión del predio y la construcción de la caseta", concluyó.
SUN 29-02-2008 JRMB