Alcalde tapatío veta compra de chalecos

GUADALAJARA, JALISCO (23/OCT/2013).- La adquisición de 400 chalecos antibalas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara fue vetada por el presidente municipal, Ramiro Hernández García, según se anuncia oficialmente, y luego de que la fracción del Movimiento Ciudadano (MC) hiciera una serie de señalamientos sobre irregularidades en esa operación de compra.

El coordinador del MC, Salvador Caro Cabrera, presentó desde el 16 de octubre la póliza de responsabilidad civil de la empresa seleccionada, Internacional de Traslados, donde se consigna que las placas balísticas de los chalecos no cuentan con la certificación NIJ 0101.06, del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, sino NIJ 0101.05, es decir, una distinta y anterior a la exigida en las bases de la licitación.

Pero la acusación de Caro Cabrera también fue que la compra se hizo mediante sobornos a los funcionarios del Ayuntamiento, de ahí que presentara una denuncia penal contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Mercado Casillas; del director de Adquisiciones, Edgar Emmanuel Guerrero Torres; de la coordinadora del PRI, Verónica Flores Pérez, y de un par de comandantes de la corporación.

Posteriormente al comunicado, y ya en rueda de prensa, la regidora Flores Pérez, encabezando a otros  integrantes de la Comisión de Adquisiciones, como el edil del PAN, Alejandro Elizondo Gómez, aseguró que la adquisición se dio sin irregularidades, y que está decisión del alcalde no da por buenas ni viene a legitimar las serias acusaciones de Caro Cabrera; lo que buscan, dijo, es que no haya ninguna duda sobre la transparencia de la adquisición.

"No estamos de acuerdo en  las imputaciones que se han hecho, no estamos conformes con que se empañe un proceso de esta naturaleza", dijo.

Además de la petición de Caro Cabrera por cancelar esta adquisición -que ahora se cumple-, existe otra similar del regidor del PAN, Elizondo Gómez, según lo dio a conocer éste.

Sin embargo, el regidor panista le pidió al alcalde que se repusiera este proceso, aunque reconoció que a la sesión de la Comisión del 3 de octubre, cuando esto se resolvió, ni siquiera asistió (Elizondo Gómez, dicho sea de paso, es el noveno edil tapatío con más ausencias a las comisiones edilicias, con seis). Representantes de los organismos empresariales que también integran ese cuerpo colegiado se mostraron igualmente a favor de que la compra se repita con la mayor transparencia.

La facultad de veto del presidente municipal puede aplicarse únicamente cuando "a su juicio alguna adquisición aprobada afecte los intereses del municipio", dice la reglamentación. Si no hay irregularidades en la compra, entonces ¿Cómo se sostiene el veto? Contesta la regidora del PRI: "se afectan los intereses del municipio cuando se ponen en duda sus determinaciones", de ahí que lo halle sustentado.

La Comisión valorará si nuevamente se le pide su opinión a elementos de la Policía sobre cuál es el producto que más satisface sus necesidades, algo que se hizo en la anterior ocasión, y que terminó por generar problemas, pues Caro Cabrera acusó a un par de ellos de ser comparsas de una compra irregular y dirigida.

El 16 de octubre tanto Flores Pérez como el secretario de Seguridad Ciudadana habían salido en una defensa categórica de la legalidad y transparencia de la operación, ahora  se anuncia que sí repetirán el proceso.

El costo fue de siete millones 588 mil 256 pesos.


EL INFORMADOR / LUIS HERRERA