Lunes, 03 de Noviembre 2025
Jalisco | La comunidad universitaria plantearía los movimientos económicos de la Universidad

Académicos propondrán a UdeG ahorro en gastos no prioritarios

Plantean convocar a los integrantes de la comunidad universitaria para que sean ellos mismos quienes los definan

Por: EL INFORMADOR

Docentes de la UdeG se reunieron en el CUCSH para dar soluciones al problema económico de la institución. ARCHIVO  /

Docentes de la UdeG se reunieron en el CUCSH para dar soluciones al problema económico de la institución. ARCHIVO /

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2011).- Congregados en la Biblioteca del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) señalaron estar inconformes con el manejo del presupuesto que ha tenido la máxima casa de estudios de Jalisco y convocarán con este motivo a diversos foros de diálogo entre los distintos actores de la comunidad universitaria a partir de la semana entrante.

Dieron certeza del adeudo que el Gobierno federal mantiene con la Universidad, pero señalaron que independientemente de las dificultades presupuestales, la institución podría dar respuesta a mejorar la situación salarial de los trabajadores con una mejor gestión administrativa.

En este sentido, el académico del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Pablo Sandoval Cabrera, pronunció que “la estructura administrativa, particularmente de la alta burocracia, responde más a una lógica de control político corporativo que a una lógica de apoyo a las funciones  sustantivas, en tanto esto no se haga, no habrá presupuesto que nos alcance”.

La académica del CUCSH, María Rita Chávez, coincidió en que al asignar un gasto a proyectos no prioritarios, existe una inequidad en la gestión de los recursos debido a que son los trabajadores quienes sostienen las actividades de la Universidad; sin embargo, se subestima su importancia al “castigarlos” con sueldos que no rebasan los 12 mil pesos en la mayoría de los casos pese a contar con estudios de posgrado.

Anunciaron que con el fin de exhortar a las autoridades de la institución, clausurarán simbólicamente  los proyectos que consideran no han devuelto un impacto positivo al desarrollo de la sociedad jalisciense pese al recurso que consumen.

No adelantaron información sobre aquellos gastos que consideran “innecesarios”, pero sugirieron que principalmente se concentra en proyectos de infraestructura, sobre todo de ámbito cultural y deportivo. La intención, dijeron,  es la de conminar a los integrantes de la comunidad universitaria para que sean ellos mismos quienes los definan.

Mediante un diálogo incluyente, se extenderá la invitación a las autoridades universitarias para redefinir en conjunto los gastos operativos en función de su trascendencia e impacto volcando la atención hacia el tipo de Universidad y de maestros que desean tener.

Para saber

Esta agrupación de académicos independientes, se reúne por primera vez el pasado lunes, cuando asistieron a la Rectoría de la Universidad para el envío de un pliego petitorio exigiendo una mejor gestión de los recursos. La gota que derramó el vaso fue la falta de 87 millones de pesos del Programa de Estímulos para el Desempeño Docente (Proesde) que excluyó con este apoyo a 679 académicos.

Por esta razón, un día después, representantes de la UdeG, en bloque con otras 33 universidades públicas del país, se reunieron con la SEP para dialogar sobre el recurso faltante en el programa. Se logró concertar una reunión con la SEP para este viernes y con la Secretaría de Hacienda la semana próxima.

La falta de estímulos a académicos es sólo la punta del iceberg

El recorte que excluye a los mentores del apoyo económico no es el objetivo que los reúne.

Reconocen el adeudo que los gobiernos federal y estatal mantienen con la Universidad, pero concuerdan que con un programa de austeridad al interior de la institución, las autoridades universitarias podrían hacer frente a la crisis presupuestal.

Recomiendan, por un lado, recortes a los sueldos de los altos funcionarios hasta en un 50% de sus percepciones (estos sueldos, según sostienen, rebasan los 100 mil pesos al mes); por otra parte, la cancelación de programas que por su alto costo económico no justifican los montos que se destinan para su realización.


EL INFORMADOR / ADRIÁN MARISCAL

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