Abusos en escuelas rebasan a la SEJ

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2012).- El aparato educativo estatal en Jalisco es generador de agresiones sexuales hacia los alumnos, cometidas por el mismo personal docente en la intimidad de los salones de clases. No es una problemática insólita en la educación de nivel básico, por el contrario: su persistencia la lleva a formar parte de la estadística anual de la autoridad.

En los registros de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) entre 2000 y 2011 lo demuestran. No hay un solo año en que no se haya presentado un cúmulo de estos abusos, desde palabras y miradas de hostigamiento sexual a los infantes, hasta tocamientos y violación. Ha ocurrido en todos los niveles de educación básica, aunque las secundarias y primarias concentran la mayoría. En este lapso, la SEJ registró 116 casos por denuncias de agresiones sexuales cometidas por maestros contra alumnos; en 92% las indagatorias confirmaron la responsabilidad del docente, por lo que concluyeron con una sanción en el ámbito administrativo.

La mitad de todos los casos se originó en secundarias y 45% en primarias públicas: en estos dos niveles, por lo tanto, se focaliza 95% de las agresiones sexuales que produce el sistema educativo estatal básico; en 3% se encuentran las agresiones que sucedieron en jardines de niños, con cuatro denuncias: una en 2008 y dos en 2010 en las que se confirmaron las agresiones y otra, en 2006, que concluyó con la improcedencia de la acusación. Respecto al 2% restante de los casos, la SEJ no precisa el tipo de plantel que originó la denuncia.

En este sentido, de todos los casos en que la SEJ confirmó con sus procedimientos la responsabilidad del docente en un acto de abuso sexual infantil, en 45% de los casos determinó destituirlo, mientras que en el resto se limitó a la imposición de castigos que fueron desde una amonestación hasta la suspensión de 30 días sin goce de sueldo.

Los archivos no muestran que la autoridad recurra al cambio de plantel como sanción, pero la baja proporción de destituciones es cuestionada por asociaciones civiles que piden una respuesta mucho más severa.

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA