La mañana del 11 de marzo de 2015, un elemento de la Policía Vial pidió a un conductor que se detuviera para multarlo porque no tenía puesto su cinturón de seguridad. Cuando levantaba el folio un individuo se le acercó y le arrebató su arma de cargo. Luego le disparó con ella y escapó. Entre 2006 y hasta agosto de 2017, las corporaciones de Seguridad Pública en Jalisco han reportado el robo o extravío de 793 armas de fuego, lo que coloca a esta Entidad en cuarto lugar a nivel nacional, de acuerdo con el informe “Graves violaciones de Derechos Humanos: El tráfico legal e ilegal de armas en México”, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.Dicho estudio revela que, en el país, 20 mil 066 armas vendidas a fuerzas federales y policías estatales fueron reportadas como extraviadas o robadas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Las instancias a las que se les vendió dicho armamento incluyen Policía estatal y Policía judicial, mientras que por la parte federal están la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Servicio de Protección Federal, órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación”, precisa el documento.José Villafaña, vocero de la XV Zona Militar, afirmó que el fenómeno de robo o extravío de armas no ha aumentado, sino que se ha mantenido. En muchos de los casos, los elementos pueden extraviarlas al participar en operativos o en entrenamientos en zonas rurales, como cuando entran a un río.Sin embargo, admitió que, como en el caso del agente vial, existe la posibilidad de que alguien pueda sorprender a los oficiales con el fin de quitarles su pistola.Esa, dijo, es “otra forma en la que la delincuencia se hace de armas: robándoles sus pistolas a los cuerpos de seguridad. Creo que ha habido ocasiones en las que han atacado los módulos de la Policía para llevarse algunas armas”.Lucía Almaraz, académica de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y experta en temas de seguridad, consideró que a las corporaciones les hace falta capacidad de reacción ante este fenómeno, por lo que deberían ser instruidas.Sin embargo, también pueden ocurrir robos “circunstanciales”, como cuando los ladrones entran a un domicilio y se encuentran un arma, o por descuido, cuando las dejan en sus vehículos y alguien los “cristalea”.De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en México se han vendido 166 mil 763 armas de fuego a policías estatales entre 2010 y 2016. Jalisco se encuentra en quinto lugar, al adquirir 10 mil 094 de esas armas, revela el estudio “Graves violaciones de Derechos Humanos: El tráfico legal e ilegal de armas en México”, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.También precisa que “los estados que han adquirido la mayor cantidad de armas de fuego de manera legal son, también, muchos de los que tienen el mayor número de enfrentamientos armados y homicidios con armas de fuego perpetrados en el contexto de la guerra contra las drogas”.El estudio pone como ejemplo a Tamaulipas, donde en ese periodo ocurrió 43% de los enfrentamientos. Esa Entidad también se ha caracterizado por la compra legal de armamento, con dos mil 828 piezas entre 2010 y 2016. Aunque también es uno de los estados en donde más armas han robado: 463 entre 2006 y 2017.El vocero de la XV Zona Militar, José Villafaña, explicó que el que un Estado compre armamento no necesariamente significa que habrá más armas en circulación. En principio, cuando un Estado quiere adquirir un lote de armas de fuego lo hace regularmente a través de la Sedena, instancia a la que especifica la cantidad de armas y sus características. La Entidad debe justificar a la Sedena que, si van a comprar 50 pistolas, tiene igual número de elementos para utilizarlas. Además debe entregar las armas que ya no serán utilizadas, por lo que en realidad no se compraron más armas, sino que las nuevas servirán para satisfacer las necesidades de los cuerpos de seguridad pública que abandonaron equipo obsoleto.“Hace como 15 días, la Fiscalía del Estado cambió revólveres que tenían como 30 o 40 años de servicio, como los del ‘viejo oeste’, y esas armas ya era un peligro tenerlas. Entonces, la Fiscalía hizo el trámite para deshacerse de ellas”.Las armas obsoletas no pueden ser comercializadas; deben ser donadas a la Sedena para su destrucción, mientras que el Gobierno estatal debe hacer el gasto para comprar nuevas.“No aumenta el número de armas en las corporaciones de Seguridad Pública, es un equilibrio. Uno de los factores primordiales es ver la nómina: si tengo una planilla de 500 (elementos) pero de esos solo hay 200 capacitados para portar el armamento, son las armas que tienen: 200 cortas y 100 largas”.Desde 2012, el número de armas de fuego ilegales que han sido recuperadas por las autoridades mexicanas ha ido en picada. Así lo revela el estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.Su análisis cita un trabajo del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, que indica que sólo entre 2010 y 2012 se vendieron en Estados Unidos unas 253 mil armas por año “con el fin de ser traficadas a México”. El medio más común para ello es la compra legal en tiendas o exhibiciones armamentistas por parte de intermediarios, quienes después las venden a terceros. Éstos son quienes se encargan de traficarlas.Pero la recuperación de unidades en comparación con las que circulan en el mercado negro es mínima. Por ejemplo, el año en el que más éxito se tuvo en ese indicador fue 2011, con 32 mil 340 piezas ilegales arrebatadas a la delincuencia. Y pese a que eso significa apenas 12% del promedio anual, los aseguramientos se desplomaron después: en 2012 fueron 20 mil 670 y para 2014 apenas ocho mil 709.Esto refleja “la poca importancia que se le da a la recuperación de armas en México con respecto a otros objetivos destinados al cumplimiento de la ley”, dice el estudio.El aseguramiento de armas creció entre 2016 y 2017, pero no lo suficiente para alcanzar lo recuperado en 2012.El estudio “Graves violaciones de Derechos Humanos: El tráfico legal e ilegal de armas en México”, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, revela que casos en los que las armas que han ingresado de manera legal a México fueron utilizadas para violentar a las personas. Uno de los más emblemáticos es el de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en 2014.“La Policía local de Iguala, Guerrero, que atacó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, estaba armada con rifles AR6530, variante de los AR-15, legalmente embarcados y comercializados por la empresa Colt, según consta en actas judiciales”.En otro de los casos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró que la Policía Federal fue “culpable” de asesinar a 22 personas en Tanhuato, Michoacán, en 2015. Cinco de ellas murieron por balas de ametralladoras Dillon, montadas en helicópteros Black Hawk. México adquirió 16 de ellas en 2013 y 28 más entre 2015 y 2016.También los “escuadrones de la muerte” de la Policía de Veracruz fueron responsables de al menos 15 asesinatos. Desde 2013 ha adquirido 674 armas de fuego exportadas por tres compañías de Estados Unidos.No son para que los malhechores entreguen las armas con las que delinquen. Las campañas de desarme que organiza el Ejército Mexicano o los gobiernos estatales junto con la iniciativa privada son para reducir riesgos en los hogares.“El fin es retirar de las manos de la población aquellas armas que, por su misma naturaleza, pudieran representar un peligro. Por ejemplo, llega gente hasta con artefactos explosivos”, explicó José Villafaña, vocero de la XV Zona Militar.En 2015, recordó, una persona les llevó una granada de cañón. “De un calibre que ni siquiera existe en México. Esa granada quién sabe cómo se trasladó desde Estados Unidos hasta acá”.La campaña de donación de armas es permanente, tiene más de 50 años y normalmente se hace con apoyo de gobiernos estatales, pues son los que aportan recursos para motivar a la gente a intercambiar las armas por despensas, electrodomésticos o efectivo.“No son armas inmiscuidas en la comisión de algún delito; normalmente están guardadas en la casa y la gente no sabe cómo funcionan”.Por lo general, precisó, son piezas viejas y en desuso, pues son pocas ocasiones en las que intercambian una en buenas condiciones.En 2018 los jaliscienses entregaron 20 mil 100 armas de fuego por su propia voluntad, informó Villafaña. La cifra superó el doble de la registrada en 2017, cuando se obtuvieron seis mil 895, según datos abiertos en la página de internet de la Sedena.Por su parte, Rubén Ortega, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), opinó que las campañas de despistolización en realidad no contribuyen al desarme. En mayo de 2018, el Gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), propuso hacer más sencilla la exportación de armas de fuego y municiones a todo el mundo, al considerar como “no militares” los rifles de asalto semiautomáticos y otras armas de fuego de alto poder. Además, propuso que las licencias de exportación las otorgue el Departamento de Comercio en lugar del Departamento de Estado, y elimina requisitos para la notificación pública (y ante el Congreso) de licencias para exportar armas de fuego con valor de más de un millón de dólares.Lucía Almaraz, investigadora de la Univa, explicó que si bien el aumento en la violencia en México ha provocado que la ciudadanía busque hacerse de un arma de fuego para su propia protección, lo cual está avalado por la misma Constitución, el aumento de armas será contraproducente al final.“Hay un fenómeno que se tiene que advertir: la normalización de la violencia. Adicional a eso se nos están facilitando los mecanismos para ser violentos. En este caso, que sea tan sencillo adquirir de manera legal o ilegal un arma nos traería a muy corto plazo consecuencias, abonaría aún más a delitos contra la vida o la integridad física de las personas”.La mayoría de los homicidios dolosos se comete con un arma de fuego. Sólo el año pasado, en Jalisco ocurrieron mil 961 asesinatos, y de ellos, mil 272, o bien, 64.8%, fueron por esa causa. La media nacional es de 69 por ciento. El estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos detalla que a partir de 2006, cuando comenzó la llamada “guerra contra el narcotráfico” que declaró el ex presidente Felipe Calderón, el indicador comenzó a crecer.Los homicidios dolosos se dispararon hasta aumentar, en 20 años, 881 por ciento. Pasaron de tres mil 286 en 1998 a 28 mil 958 en 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto.Según el estudio, de 2002 a 2004 (años previos a la “guerra”) se importaron 10 millones de dólares en armas. La cifra creció 12 veces entre 2015 y 2017: 122 millones de dólares.“El rampante problema de la violencia en México, de la mano con el acceso a un gran número armas de uso militar y la impunidad generalizada que permea al país, han contribuido al crecimiento de la espiral de violencia”, expone el estudio.Lucía Almaraz, investigadora de la Univa, apuntó que el flujo de armas en el país va acompañado de una creciente demanda. “Se está facilitando el mecanismo. No sólo respecto a las corporaciones policiales que tienen la dinámica de fortalecer a sus operativos, sino que hay una demanda ciudadana”.Esta tendencia, agregó, resulta riesgosa porque se “ciudadanizan” las armas. “Hay mecanismos que, si no son controlados tanto por la autoridad como por el ciudadano, sí pueden generar caos”.
