Venezuela se enfrenta al escrutinio de la CIDH

WASHINGTON, E.U.- Venezuela se enfrentó al examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por casos de judicialización de la protesta social y de violación de la libertad de expresión, reunión y manifestación.

Durante la jornada el delegado del Gobierno venezolano para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, arremetió contra la CIDH, a la que acusó de ser un instrumento de determinados sectores para desestabilizar y desacreditar al Gobierno, por lo que pidió la sustitución del secretario Ejecutivo, Santiago Canton.

La relación de Venezuela con la CIDH se ha deteriorado drásticamente desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez.

A partir de ese momento, las críticas y acusaciones contra el ente, y sobre todo contra Canton, han sido constantes.

La CIDH ha pedido en varias ocasiones verificar la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero hasta ahora el Gobierno de Chávez se lo ha negado.

En su último informe anual divulgado en mayo, la CIDH identificó en  Venezuela “un ambiente hostil para el disenso político”, así como obstáculos  para la libertad de expresión, hostigamiento a ONG, denuncias de poca  transparencia en la justicia y un alto nivel del crimen.

Venezuela no se queda callado

La Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH) está parcializada en contra de Venezuela y es un intrumento de  sectores internacionales que buscan desprestigiar a Hugo Chávez, afirmó la representación de Caracas en una audiencia en Washington.

Los delegados venezolanos reiteraron la negativa de su Gobierno de que la CIDH envíe una misión al país para verificar el estado de los derechos  humanos.

Saltrón dijo que desde 1999, cuando se inició el primer Gobierno de Hugo  Chávez, “se han presentado un centenar de peticiones y se han admitido 80 casos  en tiempo récord” en la CIDH, órgano independiente de la OEA.

El representante reiteró que no se admitirá una postergada visita de la CIDH a Venezuela hasta tanto la comisión no admita públicamente “su error al  reconocer el golpe de Estado” de abril de 2002 contra Chávez.