Retoman sentencias contra ex funcionarios

BRASILIA, BRASIL (09/NOV/2012).- La Corte Suprema de Brasil retomó las sentencias contra los culpables de corruptelas que en 2005 pusieron en jaque al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y las condenas para cuatro de los 25 reos ya superan los 100 años de cárcel.

En la quinta sesión dedicada a las sentencias, el tribunal dictó las penas que corresponden a Ramón Hollerbach y Cristiano Paz, dos socios del publicista Marcos Valerio Fernandes, ya condenado a 40 años y un mes de cárcel, y también sentenció a la ex directora de sus empresas Simone Vasconcelos a 14 años y tres meses de cárcel.

En el caso de Hollerbach la pena fue de 29 años, siete meses y 20 días de prisión, mientras que Cristiano Paz deberá pasar en la cárcel 25 años, 11 meses y 20 días.

Estos cuatro reos son los únicos ya sentenciados del total de 25 declarados culpables de una trama de corrupción estructurada por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) después de que Lula ganó en 2002 sus primeras elecciones, aunque sin mayoría parlamentaria.

Según comprobó el Tribunal Supremo, dos de las empresas de publicidad de Fernandes se prestaron a las corruptelas y fueron beneficiadas con contratos amañados en la Cámara de Diputados y una empresa filial del estatal Banco do Brasil.

El dinero de esos contratos, que se calcula en 76.5 millones de dólares), fue repasado luego al PT, que lo usó para financiar campañas en forma ilegal y también para sobornar a dirigentes de cuatro partidos políticos, que a cambio pasaron a apoyar al Gobierno de Lula en el Parlamento.

La fase procesal del juicio comenzó el pasado 2 de agosto y, de los 37 acusados, la corte declaró culpables a 25, entre quienes están el exministro de la Presidencia José Dirceu, al expresidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

Dirceu fue durante décadas la “mano derecha” de Lula y cuando este llegó al poder fue nombrado ministro de la Presidencia, un estratégico cargo desde el que se controlan todos los resortes políticos del Gobierno y al que tuvo que renunciar cuando estalló el escándalo, a mediados de 2005.

Según estableció la Corte, Dirceu fue el “articulador político”, “jefe” e “ideólogo” de toda la trama y fue declarado culpable de los delitos de corrupción activa y asociación ilícita, por los que está pendiente de sentencia.

Según el procurador general de la República, Roberto Gurgel, cuyo despacho formuló la denuncia, la decisión de retener los pasaportes de los culpables “tranquiliza”, pues es una “garantía” de que las decisiones del Supremo serán cumplidas.