BOGOTA.- Un alto funcionario del Gobierno de Colombia se mostró el lunes a favor de entregar una millonaria recompensa al guerrillero que mató a uno de los máximos jefes de la principal fuerza rebelde del país, en medio de una polémica por las consecuencias que provocaría el pago. Pedro Pablo Montoya, alias "Rojas", mató de un disparo en la frente a Iván Ríos, uno de los siete integrantes del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en lo que fue el segundo gran golpe que sufrió esa guerrilla en menos de una semana tras la muerte de otro importante líder. El Gobierno ofrecía una recompensa de 2,6 millones de dólares por Ríos, el integrante más joven del secretariado de las FARC, el máximo órgano de dirección político y militar de ese grupo rebelde. "Nosotros esperamos que la recompensa se pague y que la recompensa sea efectiva porque es un mecanismo para desarticular a las FARC, para seguir resquebrajando la poca confianza que hay entre los diferentes frentes", dijo el alto consejero presidencial para la reintegración Frank Pearl. "El sistema de recompensas debe respetarse y debe promoverse", sostuvo a periodistas el funcionario. El propio guerrillero, quien perteneció a las FARC durante 16 años, y justificó su decisión de matar a Ríos por el acoso de las Fuerzas Militares que los mantenía rodeados, incomunicados y sin alimentación, dijo que espera el pago de la recompensa para iniciar una nueva vida. Pero expertos en derecho se mostraron en desacuerdo de pagar la recompensa y aseguraron que hacerlo abre el paso para que cualquier persona aplique justicia por sus propias manos, sustituyendo la función del Estado. El oeste americano "Como en el oeste americano, se va a abrir paso a que cualquier persona pueda dar muerte a alguien para obtener una recompensa", dijo el ex fiscal Alfonso Gómez. Sin embargo, el abogado y ex procurador Jaime Bernal Cuellar aseguró que la reglamentación para el pago de recompensas que ofrece el Gobierno por los líderes de la guerrilla y de los carteles de la droga, no específica si se trata de información que permita capturarlos o de entregarlos muertos. "Hay una ley que no trae condicionamientos, en consecuencias pienso que se debe pagar", explicó Bernal. A la polémica por el pago de la recompensa se sumó la tesis de que el guerrillero debe ser investigado y procesado por la muerte del líder rebelde. El ministro del Interior, Carlos Holguín, reveló que se inició un estudio jurídico del tema para establecer si alias Rojas debe ser procesado por homicidio. Pero Bernal dijo que se puede aplicar el principio de favorabilidad bajo el argumento de que está colaborando a desintegrar una temida organización, tesis a la que se opuso Gómez. "La Fiscalía no puede abstenerse de abrir una investigación formal para saber en qué circunstancias se produjo esa muerte, porque así se tratara del peor delincuente, en Colombia todavía no existe la pena de muerte", explicó Gómez. En medio de la polémica, el guerrillero continúa en un batallón del Ejército en la ciudad de Pereira, en la región cafetera del centro de Colombia, dispuesto a convencer a sus antiguos compañeros para que abandonen la lucha armada y entreguen a los máximos dirigentes de las FARC. REUTERS 10-03-08 IJALH
