Piden suspender entrada en vigor de ley antiinmigrante en Georgia

DALLAS, ESTADOS UNIDOS (08/JUN/2011).- Organizaciones defensoras de los derechos civiles solicitaron hoy a una corte federal estadounidense de Atlanta, Georgia, ordenar la suspensión temporal de la ley antiinmigrante HB 87, mientras se resuelve una demanda interpuesta contra la legislación.  

Encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Legal para la Pobreza del Sur, los activistas argumentan que la HB 87 es anticonstitucional, ya que interfiere ilegalmente con el poder y la autoridad federal en cuestiones de inmigración.  

Las mismas organizaciones interpusieron la semana pasada una demanda para que la corte analice sus argumentos de que la legislación contraviene la cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que otorga al gobierno federal la autoridad exclusiva en asuntos como el de la inmigración.  

La Ley HB 87, que fue aprobada por la Asamblea General de Georgia y promulgada en abril pasado por el gobernador Nathan Deal, entrará en vigencia el 1 de julio próximo.  

Esa legislación autoriza a la policía que exija documentos que comprueben la ciudadanía o condición migratoria de las personas a las que obligue a detenerse en la vía pública.  

También convierte en delincuentes a las personas que interactúen a diario con personas indocumentadas, y dificulta a los inmigrantes que no cuenten con determinados papeles tener acceso a instalaciones y servicios estatales.  

Esa ley 'es esencialmente antiamericana: no somos un país donde se exige a la gente que muestre sus papeles, y nadie cree que al hacer que ciertas personas sean ‘intocables’ las demás personas deben tener miedo de ayudar, albergar o transportar', dijo Omar Jadwat, abogado del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.  

Sin embargo, los simpatizantes de la nueva ley sostienen que ésta ayudará a frenar la inmigración ilegal en Georgia, al asegurar que los inmigrantes indocumentados constituyen una carga para las finanzas públicas, al provocar fuertes gastos en educación, salud y cárceles.