Oposición y Gobierno Boliviano acuerdan apertuar de diálogo

LA PAZ, BOLIVIA.- El gobierno y la oposición firmaron sorpresivamente un acuerdo base para poner fin a la crisis política que dejó al menos 18 muertos en Bolivia, apenas unas horas después de que los adversarios del presidente Evo Morales dijeran que la negociación estaba "en agonía" por falta de garantías.

El acuerdo fue firmado la madrugada de este martes por el gobierno, pero la oposición recién lo hizo por la noche en presencia de la Iglesia católica, apenas horas después de que el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío, dijera a la prensa de que el diálogo "no ha muerto, pero está en agonía".

Fue el propio Cossío el que estampó su firma en representación de sus pares de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca abriendo la posibilidad de una distensión luego de tres semanas de violentas protestas que dejaron 18 muertos.

Cossío dijo que el documento discutido con el vicepresidente Alvaro García en los últimos cinco días fue aceptado y firmado por su persona, en presencia del cardenal Julio Terrazas, en Santa Cruz.

"Que sea el inicio de un gran acuerdo nacional para que le demos paz y tranquilidad a nuestra gente", dijo el prefecto de Tarija.

El preacuerdo señala como facilitadores y testigos del diálogo a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), a la Iglesia católica, a la Unión Europea y a la ONU.

El documento prevé el restablecimiento de negociaciones para el 18 de septiembre, y establece entre otras medidas la devolución de las oficinas públicas tomadas por los opositores, el reestablecimiento de la paz y la investigación de la masacre de 16 campesinos en Pando (norte) la semana pasada.

Los prefectos habían objetado el documento en protesta por la detención y posterior confinamiento a Cochabamba del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien el gobierno responsabiliza de la matanza.

A causa de la detención de Fernández algunos habitantes de Cobija, capital de Pando, cruzaron la frontera con Brasil para refugiarse de eventuales represalias del gobierno, según dijeron a medios de prensa.

También se pactaba que mientras el diálogo esté en curso el gobierno debía dejar en suspenso el referendo sobre una nueva Constitución, una demanda central de cinco de las nueve regiones que rechazan el texto al que tachan de ser excesivamente indigenista y estatista.

Mientras la reanudación del diálogo fraguaba, la presidenta chilena Michelle Bachelet designó al ex canciller Juan Gabriel Valdés como su representante en la comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) destinada a apoyar un acuerdo.

Además del grave conflicto interno, Bolivia recibió este martes la comunicación de que Washington la incluyó en una lista de países que no cumplen con sus obligaciones de lucha contra el narcotráfico, y también llamó a los estadounidenses que se encuentren allí a abandonar el país.

Con respecto a la decisión de Washington, el vicepresidente Alvaro García retrucó que "Bolivia ha cumplido de manera religiosa los convenios internacionales en cuanto a la reducción de cultivos de coca respetando los derechos humanos".

Por tanto "una acción dirigida a sancionar este comportamiento sin duda que es injusta, arbitraria, técnicamente injustificada y políticamente amañada y basada en otro tipo de criterios (...) de sancionar políticamente" al país, dijo García.

El gobierno de Morales expulsó el domingo al embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, y ante lo cual Washington hizo lo mismo con el jefe de la misión diplomática boliviana.