La gobernadora promete una agresiva defensa a la SB 1070

PHOENIX, ARIZONA (07/JUL/2010).- La séptima demanda, la de mayor peso, contra la Ley SB 1070, mejor conocida como la ley Arizona, llegó desde la capital estadounidense. Por encargo de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso la querella contra el Estado de Arizona ante una Corte Federal, en Phoenix, porque considera que es anticonstitucional e interfiere con la autoridad federal.

En Arizona, la gobernadora Jan Brewer reaccionó al afirmar que su Estado se encuentra “bajo el ataque” de los narcotraficantes, traficantes humanos y, ahora, del Gobierno federal, por el anuncio contra la ley firmada por ella.

“El Estado de Arizona está bajo el ataque de violentos cárteles mexicanos y de traficantes de humanos, y ahora Arizona se encuentra bajo el ataque en la Corte Federal del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su Departamento de Justicia”.

La funcionaria calificó de “equivocación” que se demande al Estado por querer “ayudar” a reforzar las leyes federales de inmigración y aseguró que la aprobación de la Ley SB 1070, que permite a la Policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, es resultado del fracaso del Gobierno federal por proteger la frontera.
Y advirtió una batalla. Brewer, del Partido Republicano, dijo que no parará de luchar para proteger a su Estado. A través de la red social Twitter, la gobernadora aseveró: “Seremos muy agresivos en defender nuestra ley”. Brewer sostuvo que la ley Arizona —que entrará en vigencia el próximo 29 de julio— “es tanto razonable como constitucional y que refleja sustancialmente lo que ha sido la ley federal en Estados Unidos por muchas décadas”.

El futuro inmediato de la SB 1070, radica en manos de la magistrada federal Susan R. Bolton, quien deberá decidir antes del 29 de julio próximo si suspende o no la entrada en vigor del estatuto.

Bolton está a cargo de analizar las siete demandas que han sido interpuestas desde que se promulgó la nueva ley el pasado 23 de abril, incluyendo la del Departamento de Justicia.

El Gobierno mexicano expresó su beneplácito por la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de buscar impedir la entrada en vigor del la nueva legislación.

TELÓN DE FONDO

Proyecto de origen republicano

El 19 de abril, el Senado de Arizona aprobó la iniciativa de ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados y asigna facultades migratorias a agentes policiales.

La medida SB 1070, aprobada con 15 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, pasó al escritorio de la gobernadora Jan Brewer, quien la firmó el 23 del mismo mes para convertirla en ley, y a Arizona, en la primera Entidad estadounidense en criminalizar la falta de documentos migratorios.

Así, la Ley SB 1070 nacía de la mano de un Gobierno estatal republicano, autoría del senador estatal de Arizona, Russell Pearce, un legislador que actualmente busca, en una nueva iniciativa de ley, quitar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, en ese Estado.

Estricto en materia migratoria, Pearce es un republicano cercano al famoso sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, conocido por su rigidez a la hora de aplicar la ley contra personas ilegales.

Antes de ser legislador, Pearce fue asistente de Arpaio y también uno de los más firmes defensores de las tácticas del sheriff, quien no oculta el hecho de que sus agentes llevan años exigiendo a la gente prueba de su estancia legal en Arizona.

Demandas interpuestas contra la legislación

La consideran “violatoria”

1.- La de Robert Javier Frisancho, de origen hispano, el pasado 27 de abril. Argumenta que la nueva ley viola el derecho exclusivo del Gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración.

2.- La del policía de Phoenix, David Salgado. Sostiene que la nueva ley, precede a la ley federal y viola los derechos de la 14 Enmienda de Estados Unidos a la protección igualitaria bajo la ley.

3.- La del policía de Tucson, Martin Escobar. Asegura que no existe un criterio neutral racial que pueda ser aplicado para identificar a las personas que se encuentran en forma indocumentada en Estados Unidos.

4.- La de la Coalición Nacional de Clérigos Latinos y Líderes Cristianos a nombre de varios inmigrantes indocumentados, bajo el argumento de que la ley viola sus derechos.

5.- La de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), el Fondo para la Defensa Legal y la Educación del México Americano (Maldef) y el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC), bajo el argumento de que la ley es anticonstitucional.

6.- La de “Legal Momentum” que defiende a víctimas de violencia doméstica, bajo el argumento de que la SB 1070 elimina la protección a mujeres que son abusadas.

7.- La del Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el argumento de que la ley es violatoria de la Constitución.

Boicot y repudio

Ilegales

40% cayeron las compras de sonorenses y sinaloenses en los condados de Arizona, Yuma y Nogales, entre mayo y junio, señaló el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

33% de los hispanos que radican en Arizona, nacieron en el extranjero. Se calcula que unos 460 mil son indocumentados.

62% de la población estadounidense apoya la Ley SB 1070, según un sondeo de del diario “USA Today” y la casa encuestadora Gallup.