Baltasar Garzón lleva a las calles a los españoles

MADRID, ESPAÑA.- Miles de personas se manifestaron en Madrid en favor del juez Baltasar Garzón y de que se investiguen las desapariciones del franquismo, en un día de movilizaciones de apoyo al magistrado español en varias ciudades españolas, europeas y latinoamericanas.

Pero también hubo quienes marcharon en contra: los falangistas españoles de ideología fascista.

“¡No a la impunidad!”, “es la dignidad de las víctimas del franquismo lo que está en juego”, subrayó el cineasta Pedro Almodóvar al leer un manifiesto al término de la marcha de Madrid, convocada bajo el lema “Contra la impunidad del franquismo, en solidaridad con las víctimas”.

“Que diversas iniciativas judiciales de organizaciones de extrema derecha hayan logrado paralizar la investigación de los crímenes del franquismo, representa un escándalo sin precedentes”, denunció la escritora Almudena Grandes.

El poeta y preso del franquismo Marcos Ana estimó “incomprensible” que “un Estado democrático impute un delito de prevaricación a un juez (...) por aplicar en España la doctrina del derecho penal internacional que hace unos años le permitió actuar contra crímenes semejantes cometidos en países como Argentina o Chile”.

“Los crímenes contra la humanidad no pueden ser amnistiados y no prescriben jamás” y “la ley de Amnistía de 1977 no puede prevalecer sobre la propia Constitución”, afirma el manifiesto, tras la lectura del cual se guardó un minuto de silencio por las víctimas.

A la manifestación de Madrid se unían las organizadas en varias ciudades españolas, que congregaron a cientos de personas en Barcelona, Sevilla, Valencia, entre otras.
Fuera de España, más de cien personas se concentraron en París y una treintena en Londres. También se convocaron en Bruselas, Lisboa y Dublín, y en América Latina, en Buenos Aires y México.

Al mismo tiempo, varias decenas de personas se manifestaron convocadas por la Falange Española, partido que denunció a Garzón por considerar que investigó las desapariciones sin tener competencia para ello.
En la concentración se lanzaron consignas contra Garzón y el presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El juzgador juzgado

El juicio a Garzón, que comenzará próximamente, sembró la polémica en España y levantó una ola de apoyos en el exterior, sobre todo en América Latina, donde el juez, de 54 años, es conocido por su práctica de la justicia universal y por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998.

El magistrado será juzgado tras admitir el Tribunal Supremo español las denuncias de tres grupúsculos de extrema derecha que acusan al juez de prevaricación, por lo que podría ser suspendido temporalmente en su cargo.

Los denunciantes alegan que el juez ignoró la ley de amnistía de 1977, adoptada para ese tipo de delitos tras la muerte del general Francisco Franco y al inicio de la transición democrática española.

Garzón recusó el viernes al juez encargado de su caso, Luciano Varela, por estimar que es “parcial”, por lo que el Supremo deberá decidir si cambia de magistrado.

El ex presidente del gobierno español Felipe González respaldó al juez declarando que el proceso a Garzón es “incomprensible” e “injusto”, mientras que el líder de la oposición, el conservador Mariano Rajoy, denunció “una campaña brutal y antidemocrática contra el Tribunal Supremo y el poder judicial para que no se juzgue a una persona”.

Garzón investigó brevemente en 2008 la suerte de unos 114 mil desaparecidos  durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo (1939-1975), alegando que el delito de desaparición forzada no prescribe y con la fiscalía en contra.
Era la primera investigación de estos hechos en España.

Precisamente varias víctimas de desaparecidos presentaron recientemente una  denuncia ante la justicia argentina para que investigue las desapariciones, ante la imposibilidad de que sean indagadas en España.

El gran caso

Baltasar Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión Chilena de la Verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.

Acusaciones

Las tres causas que lo sientan en el banquillo

El proceso por los crímenes del franquismo

El 26 de mayo de 2009, la Sala Penal del Tribunal Supremo decide por unanimidad abrir un proceso al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) durante la instrucción de la causa por las desapariciones del franquismo. La acusación consiste en haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional.

Rechazar una querella contra el banco que le financió

El 28 de enero de 2010, también por unanimidad, el Tribunal Supremo abre una causa para investigar al juez Baltasar Garzón por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó personalmente y recibió del entonces BSCH (la "generosa aportación" de 302 mil dólares) para financiar dos series de coloquios que desarrolló durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Sin abstenerse, Garzón rechazó esa querella.

Intervenir las comunicaciones en el “Caso Gürtel”

El 24 de febrero de 2010, nuevamente por unanimidad, la Sala Penal del Supremo abre la tercera causa por presuntos delitos de prevaricación y e interceptación ilegal de comunicaciones por autorizar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los procesados en el “Caso Gürtel” (presunta red de corrupción vinculada al Partido Popular) con sus abogados defensores. Basó las escuchas en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que sólo permite esa interceptación en casos de terrorismo.