Aviva la polémica en Arizona nueva ley que limita estudios étnicos

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (12/MAY/2010).- Una ley que limita los programas de estudios étnicos en las escuelas públicas de Arizona ha desatado una nueva controversia en el estado fronterizo con México, el primero de Estados Unidos en criminalizar la inmigración ilegal.

"Este es un nuevo golpe a la diversidad de las comunidades en Arizona, es muy triste que la gobernadora haya firmado esta ley", dijo Kat Rodríguez, representante de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

Con su firma el martes, la gobernadora Jan Brewer limitó el tipo de cursos que las escuelas públicas en Arizona pueden ofrecer en nombre de la diversidad cultural.

La nueva regulación, que entrará en vigor durante el próximo ciclo escolar, establece que los estudiantes deben recibir educación "que les enseñe valores como individuos y no enseñarles resentimiento y odio a otras razas o personas".

La nueva ley estatal prohíbe cualquier curso donde se "promueva el resentimiento hacia el Gobierno de Estados Unidos" y los que sean diseñados particularmente para un solo grupo étnico.

Rodríguez aseguró que esta ley afecta directamente a todos los grupos minoritarios, porque obliga a modificar los programas de estudios para las colectividades de origen mexicano, africano o asiático.

La decisión final sobre cómo será aplicada la nueva ley estatal queda en manos del Departamento de Educación o del Superintendente de Educación.

En caso que los distritos escolares no cumplan con las nuevas regulaciones, el estado tiene el poder de retener hasta un 10% de los fondos de ayuda que se entregan a las escuelas.

La aprobación de la nueva ley estatal se une a la polémica causada por la firma el pasado 23 de abril de la ley estatal SB1070, la primera en Estados Unidos en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.

La SB1070, que entrará en vigor el próximo 29 de julio, otorga funciones de agentes de inmigración a los departamentos policiales y penaliza a los extranjeros que no porten sus documentados migratorios al momento de ser cuestionados por las autoridades, entre otros.